Culpables

JORGE DA SILVEIRA

Ayer se cumplió una semana del terrible sábado 11 del fútbol uruguayo, que dejó un saldo tremendo en rojo para nuestro balompié y la sociedad toda.

Aunque parezca increíble, aun no se encontró al salvaje asesino de Da Cunha ni a sus cerca de veinte acompañantes que lo alentaron a dar muerte y uno de ellos quiso tras las puñaladas empujar al cuerpo a la calle, para que lo atropellara un ómnibus o un auto que pasara, de peligro semejante al homicida.

Tampoco se ubicó a la persona que con una remera con el número 42, con un revólver le tiró todas sus balas a un ómnibus que tenía como destino el Cerro. Ni se aclaró qué pasó con una persona detenida y esposada en Avda. Italia y Centenario que cuando era llevada a la Comisaría del Estadio fue rescatada por una patota que se lo llevó.

Los días posteriores sirvieron para comprobar enormes contradicciones entre la propia dirigencia de Peñarol e integrantes de la barra brava. Lamentable lo vivido, que obliga a un cambio sustancial en la forma de encarar todo el tema de la barra y sus violentos integrantes.

Se confirma la peligrosidad de muchos parciales de Cerro, que hace poco tiempo fueron a la cabina de Sport en el Tróccoli y le admitieron a nuestros compañeros que debían estar todos armados. Se denunciaron agresiones varias a policías.

Hasta ahora la ineficacia policial ha sido grande. Sólo se ubicó al heridor del hincha de Peñarol de 17 años, que ya tenía antecedentes.

Quedó claro que hay asistencia logística y económica de la dirigencia de clubes a los violentos. Es obvio que no debe ni debió ser.

El Ejecutivo de la AUF tiene su cuota de responsabilidad porque quitó rigor al viejo art. 96 que establecía penas deportivas más severas por actos violentos de sus parciales y por permitir asambleas de clubes que amnistiaron a violentos.

En momentos en que el Ministerio del Interior anuncia vagamente medidas que parecen lejanas a su concreción lo único positivo de estas horas es la afirmación de Figueredo de que los estadios no recibirán al público hasta tanto las autoridades policiales y judiciales adopten las medidas necesarias para que los violentos no puedan concurrir a las canchas y que, si se debe jugar algún partido, será a puertas cerradas.