El gobierno perdió la oportunidad de consolidar el impulso a los fideicomisos financieros a través del proyecto de reforma tributaria. Esta es la sensación en los estudios jurídicos especializados y operadores financieros que hoy se lamentan de que el Ministerio de Economía no haya generalizado la exoneración de IVA de la que sí gozan los fideicomisos de garantía.
El experto del estudio Ferrere, Alejandro Hernández, dijo a El País que hasta ahora todos los fideicomisos financieros debieron solicitar una exoneración impositiva al gobierno. "La norma no debe ser la excepción", apuntó Hernández.
En una columna publicada en La tribuna el abogado Hernández criticó el mantenimiento de una "diferenciación perversa (en materia tributaria) en contra de los fideicomisos financieros en relación al crédito bancario". "Esta diferencia de trato es aún más absurda cuando nos encontramos ante un escenario de gran retracción del crédito", escribió el experto.
Mientras los intereses de los créditos bancarios a empresas están exentos de IVA, los generados por préstamos dados por un fideicomiso financiero sí están gravados.
En el proyecto de reforma tributaria se mantiene para los bancos la exención del IVA a los intereses de los préstamos a empresas.
El tratamiento fiscal también deja en desigualdad de condiciones a los títulos colocados por los fideicomisos frente a los emitidos directamente por las empresas.
Si bien seguirán pagando IVA por la emisión de deuda, los fideicomisos dejarán de pagar el Impuesto a los Activos de las Empresas Bancarias y el Impuesto de Control del Sistema Financiero, que son eliminados por la reforma.
Hernández cree que si hay "mejoras" en el tratamiento fiscal los fideicomisos se volverán una "alternativa eficiente de la financiación de empresas y sectores".
Puso como ejemplo el desarrollo de los fideicomisos acordados entre privados y que por no ser de oferta pública tienen menos restricciones para su operativa.
Este desarrollo se está dando especialmente en las administradoras de crédito que obtienen fondeo contra la securitización de parte de su cartera de préstamos, explicó el abogado. De bajo perfil, estas operaciones crecen en el ámbito privado con buenos resultados y "en muchos casos las administradoras cancelaron anticipadamente los pagos", resaltó Hernández.