El Pit-Cnt reaccionó ayer con dureza al pedido de procesamiento de todos los trabajadores que formaron una cooperativa en la imprenta Vanni.
En un comunicado emitido ayer, el secretariado ejecutivo de la central indica que Vanni era "una empresa quebrada" y "con cierre definitivo" cuando los trabajadores iniciaron el proceso de autogestión. Afirma, además, que su propietario adeuda más de cinco millones de dólares y se pregunta si 75 obreros "pueden ir presos" por trabajar.
El secretariado resolvió convocar en forma inmediata a la mesa representativa nacional cuando sea informada oficialmente la solicitud de la fiscal Mónica Ferrero y allí definirá la estrategia a seguir.
A su vez, el Sindicato de Artes Gráficas (SAG) llamó a todos sus trabajadores afiliados a "permanecer en alerta" frente al pedido de procesamiento por apropiación indebida.
Mañana, los 75 trabajadores que formaron la Cooperativa de Producción Gráfica (Coprograf) comenzarán a hacer su defensa. Los obreros que llevan adelante el proceso de autogestión deberán declarar ante el juez Jorge Díaz, acompañados de sus abogados.
La fiscal entiende que la cooperativa formada es ilegal y, tras estudiar el caso, pidió que los obreros sean enjuiciados. Planteó al magistrado que, si corresponde, sean enviados a prisión.
RESPUESTA. El secretariado ejecutivo de la central se reunió ayer con la dirigencia del SAG, como reacción ante la noticia de que existía pedido de procesamiento.
En un comunicado, el secretariado afirma que los obreros mantienen la imprenta "como la mayor planta industrial del ramo", aunque son conscientes de que "no son propietarios de la maquinaria ni del local", sino solo "de su propio trabajo".
La dirigencia indica que Vanni adeuda dos millones de dólares al Banco República, un millón y medio a los proveedores y otro millón por "liberar cheques sin fondo".
Los trabajadores ocuparon la empresa en octubre y un mes después iniciaron el proceso de autogestión. En ese momento hubo algunas voces críticas desde el secretariado ejecutivo de la central hacia la decisión gremial de poner en funcionamiento las máquinas y sacar trabajo por su cuenta.
Sin embargo, en diciembre la mesa representativa del Pit-Cnt apoyó casi por unanimidad la decisión del sindicato gráfico: 32 gremios dieron la aprobación y hubo una abstención.
ESFUERZO. El dirigente del SAG y de Coprograf Juan Venturini dijo a El País que los trabajadores aguardarán la decisión del juez y que están convencidos de que no cometieron "ningún delito".
"Tomamos una medida obligada para que sea posible la continuidad de la planta. Todos los insumos han sido pagados por nosotros: estamos al día con UTE, ANTEL y pagamos los aportes a la DGI. Le hemos mantenido a la empresa la tercera parte de la clientela y la maquinaria en excelentes condiciones. Hubieran quedado arruinadas después de varios meses de paralización", comentó Venturini.
Dijo que los trabajadores han realizado "un esfuerzo descomunal" y han vivido con un "salario de subsistencia" (unos 1.000 pesos por semana) a la espera de una solución legal. Agregó que los obreros no tienen problemas en desmantelar Coprograf y volver a trabajar para Vanni si el empresario cuenta con disponibilidad económica para poner en funcionamiento la imprenta.
Si se confirma el procesamiento, el SAG convocará inmediatamente a la asamblea general del gremio para "analizar la situación" y adoptar "las medidas necesarias".
En diciembre pasado, el director de Trabajo Julio Baráibar dijo a El País que la decisión gremial en Vanni "tiene visos de delito" y que —ante esa posibilidad— el ministerio había tomado "distancia" y dejó de negociar en el tema.
Comentó que se "rompió la tradición" del movimiento sindical uruguayo, que históricamente ha sido "sumamente cuidadoso" en cuanto a las pertenencias empresariales.