Piden procesamiento de obreros que ocuparon la imprenta Vanni

1/1: COOPERATIVA. Los trabajadores que ocuparon Vanni son acusados por la fiscal Ferrero de apropiarse de la imprenta en beneficio propio. (El País)

Por primera vez, desde que se ha desatado la ola de ocupaciones en los lugares de trabajo, existe un pedido de procesamiento. La fiscal penal Mónica Ferrero entendió que la formación de la cooperativa en la imprenta Vanni es ilegal y pidió al juez Jorge Díaz que remita a prisión a los 75 trabajadores que conforman la Cooperativa de Producción Gráfica (Coprograf).

La representante del Ministerio Público pidió que a los trabajadores que ocuparon la planta se les impute el delito de apropiación indebida. Esta semana los trabajadores deberán presentarse ante el juez con sus abogados para responder a la acusación de la fiscal.

La apropiación indebida está contemplada en el artículo 351 del Código Penal y afirma que comete ese delito quien se apropia de dinero o una cosa mueble convirtiéndola en su provecho o de un tercero. El delito es castigado con tres meses de prisión a cuatro años de penitenciaría.

Si bien los procesamientos se piden con prisión, el juez será quien decidirá si hace lugar a la solicitud de la Fiscalía. Luego, en ese caso, resolverá si los procesa con prisión, o por el contrario dispone que cumplen tareas sustitutivas a la prisión, como puede aplicarse a los primarios.

La fiscal Ferrero envió ayer su dictamen al juez Díaz pidiendo los procesamientos luego de estudiar la situación de la empresa Vanni. Los trabajadores que habían ocupado la planta a medidas del año pasado, volvieron a ocuparla en octubre y decidieron formar una cooperativa en noviembre, debido a que el dueño de la imprenta no podía poner en funcionamiento la empresa.

REACCIONES. El Sindicato de Artes Gráficas, que nuclea a los trabajadores del sector, cuando la justicia comenzó a investigar la formación de la cooperativa, resolvió mantenerse "en estado de alerta" e implementar "medidas de lucha" en caso de que sea procesado alguno de los 75 trabajadores que ocuparon e iniciaron un proceso de autogestión en la planta de impresos Vanni.

La asamblea del sindicato dio "pleno apoyo" a las medidas de lucha de los trabajadores de Vanni "en defensa de las fuentes de trabajo". El gremio decidió "salir a luchar" contra la "acción represiva".

Sin embargo, el Ministerio de Trabajo tuvo desde el comienzo una actitud de cautela e incluso afirmó que existía "riesgo de delito" en la acción de los trabajadores. El director de Trabajo, Julio Baráibar también compareció ante la sede judicial y explicó la actuación de la Dirección de Trabajo en el conflicto y aportó documentación al respecto.

Las autoridades decidieron no volver a convocar a la negociación en espera de un pronunciamiento judicial.

DENUNCIA. Carlos Curbelo Tammaro, abogado de Vanni, presentó la denuncia por usurpación y apropiación indebida ante el juez Díaz contra 75 de los 110 empleados de la imprenta.

Los obreros rechazaron que el proceso de autogestión iniciado implique apropiación indebida de las instalaciones y afirmaron que le están "haciendo un favor" al empresario debido a que realizan "el mantenimiento gratis" a la maquinaria.

Los trabajadores alegan que decidieron iniciar un proceso de "autogestión" debido a que Vanni había enviado a todos los trabajadores al seguro de paro y no podía volver a poner en funcionamiento la planta por su delicada situación financiera. El primer mes de trabajo afirmaron que recuperaron unos 30 clientes. Cada trabajador gana unos 1.000 pesos por semana.

Desde que se presentó la denuncia en noviembre, pasaron por el juzgado más de cien personas entre las que se encuentran los trabajadores ocupantes, los no ocupantes, y asesores contables y legales del empresario.

Además declararon el director de Impositiva, Eduardo Zaidenzstat, el presidente del Banco de Previsión Social, Ernesto Murro, el director de la Corporación Nacional para el Desarrollo, Tomás Alonzo y el presidente del Banco República, Fernando Calloia.

En otra sede penal, a cargo del juez Julio Olivera, Vanni denunció penalmente a Alonzo y Calloia por abuso de funciones, luego de que le negaran un préstamo para reabrir la empresa.

La ocupación de la imprenta también derivó en una denuncia penal de Vanni contra los trabajadores por desacato. Durante la feria judicial de enero las partes firmaron un acuerdo laboral avalado por la jueza Ivonne Perelli en la que los operarios se habían comprometido a cesar la actividad si el propietario de la empresa obtenía apoyo financiero en 60 días, a garantizar el buen uso de la maquinaria y a permitir el libre acceso a la planta de Vanni.

Sin embargo, eso no ocurrió. Cuando el empresario quiso entrar, su abogado denunció el incumplimiento de lo acordado a la jueza laboral y Perelli envió la denuncia al juez penal Alvaro Beyhaut.