El diputado nacionalista Luis Lacalle Pou presentó un proyecto de ley para sustituir las clausuras de empresas a pedido de la Dirección General Impositiva (DGI) por una especie de embargo de hasta el 10% de la recaudación de los posibles infractores por un plazo de hasta 60 días prorrogables por un lapso similar.
El legislador propuso sustituir el artículo 69 de la de la ley 16.134 de 24 de setiembre de 1990, en la redacción dada por el artículo 476 de la Ley 17.930 por el siguiente: "Facúltese a la DGI a promover ante los órganos jurisdiccionales competentes, la intervención judicial de caja con retención de hasta un diez por ciento del total de lo recaudado por el comercio cuya intervención se pretende, hasta por un plazo de sesenta días prorrogables excepcionalmente por igual lapso, de los establecimientos o empresas de los sujetos pasivos respecto de los cuales se comprobare que realizaron ventas o prestaron servicios sin emitir factura o documento equivalente, cuando corresponda, o escrituraron facturas por un importe menor al real o transgredan el régimen general de documentación". Los fondos retenidos no podrán ser dispuestos hasta tanto la sanción impuesta sea irrecurrible, en tanto que los recursos que se interpongan contra la resolución judicial que hiciere lugar a la intervención, no tendrán efecto suspensivo.
En la exposición de motivos Lacalle sostiene que mediante esta iniciativa, se busca que la empresa pague lo que no ha aportado, o simplemente cumpla con la multa impuesta; sin hacer que el resto de los involucrados (trabajadores, proveedores, clientes, etcétera) vean sus derechos retaceados.