Tienda Inglesa apeló ayer su clausura ante la Justicia

La cadena de supermercados Tienda Inglesa apeló ayer la clausura dispuesta por la Justicia a pedido de la Dirección General Impositiva (DGI) sosteniendo que el organismo recaudador conocía desde 2001 su sistema de facturación y no lo había objetado. También consideró que la repartición ha actuado sin el debido cuidado, afectando la imagen de la firma que se verá dañada si el cierre se concreta. La cadena descartó presentar un recurso de inconstitucionalidad y elabora el que presentará ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

El escrito, presentado ante el Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Primer Turno, Fernando Cardinal, por el abogado Alberto Varela de Ferrer Abogados sostiene que la DGI "desató un escándalo por una situación de hecho que conocía oficialmente desde el año 2001 y que nunca antes le había parecido irregular, ni grave, ni sospechosa, ni generado presunción alguna". Según el abogado, "ignoró el mandato expreso del legislador, que no dijo nunca que la sola existencia de una deficiencia formal fuera causa suficiente para sospechar nada, y que nunca autorizó a clausurar empresas sin verificar que existan fundamentos verdaderos, no meras sospechas, para considerar que alguien no esté pagando sus impuestos".

Varela explicó que los rollos de papel utilizados en la facturación no tienen las constancias que requiere la DGI porque Tienda Inglesa, junto con otros supermercados, entendió que la resolución 411/99 de la DGI no se aplicaba a esos comercios.

"Cuando se hicieron los procedimientos de enero de 2006 los inspectores pidieron —para verificar el funcionamiento del sistema— que ubicáramos un rollo específico, elegido por ellos, correspondiente a una operación de 2 años (y 30 millones de operaciones) atrás. Y se lo conseguimos en menos de 2 horas, tanto el respaldo electrónico como la cinta de papel, como los propios inspectores documentaron en el acta", dice el escrito.

A juicio de Varela, los inspectores decidieron, de todas formas, que habían encontrado una infracción formal. "Nunca siguieron adelante para tratar de constatar si había alguna infracción sustancial. Porque su objetivo ya estaba cumplido, y el entusiasmo los desbordó: habían encontrado un caso de alto perfil, que podían llevar a la televisión", sostiene.

DISPARATE. Varela entiende que considerar que por un defecto formal se pueda presumir que hubo intención de defraudar "es un disparate" y de la inspección del 19 de enero pasado no surge ni una sospecha mínima de que la cadena "haya pagado un peso menos de impuestos".

El abogado recuerda que "en muy pocas ocasiones la DGI solicitó la clausura de establecimientos por el mero incumplimiento de normas formales" y "el Tribunal de lo Contencioso Administrativo se encargó, por su parte, de anular los pocos pedidos de cierre basados en razones meramente formales".

Según la defensa la tesis de la DGI es que basta que haya un defecto formal para que se haga presumible la intención de defraudar, lo que para los representantes de la compañía "no es correcto". Según Varela, para que la DGI pueda pedir la clausura de un comercio es imprescindible que la empresa haya incumplido las normas formales de documentación "de forma tal que haga presumible la configuración de defraudación.

Varela recuerda que la clausura se aplica solamente a infracciones graves como no inscripción en el Registro Unico de Contribuyentes, facturación en negro, sub-facturación o incumplimiento de las normas formales de documentación que hagan presumir la configuración de defraudación.

El autor del recurso entiende además que la DGI pretende la aplicación de normas derogadas y recuerda que fue la propia Tienda Inglesa la que pidió una inspección de la DGI al promover un cambio en la facturación de la percepción del IVA a la venta de carne. "Si Tienda Inglesa hubiera creído estar en infracción, ¿hubiera estimulado una inspección de su sistema?", pregunta Varela.

El escrito pide que se rechace en todos sus términos el pedido de clausura y que los costos y costas sean asumidos por la DGI.

Impositiva salió a reafirmar su actuación en torno al pedido de clausura de Tienda Inglesa y reiteró que es la Justicia la que aplica la sanción en base a las pruebas aportadas por el organismo recaudador.

Pocas horas después que los representantes legales de la cadena de supermercados apelasen la decisión del juez Fernando Cardinal la Dirección General Impositiva (DGI) contrató en la prensa escrita la publicación de un comunicado a la opinión pública (ver aviso en la página 3 de esta edición) en el que sostiene que todos los contribuyentes para documentar y probar sus ventas deben cumplir con todos los requisitos legales que permitan verificar la materialidad de sus pagos. De inmediato la DGI agrega que cuando constata en una empresa omisiones en la facturación que impiden verificar que se pagó al fisco todo lo que correspondía, el organismo está obligado a pedir a la Justicia la clausura del establecimiento. Sin embargo aclara, que el cierre no se pide "por defraudación o falta de pagos" sino que "es por el incumplimiento de las normas que permiten la verificación de los impuestos liquidados".

Tras la precisión el comunicado reafirma que la omisión en los procedimientos de facturación "es una falta grave" de acuerdo a las normas tributarias vigentes y sostiene que si éstas no existieran la DGI "se limitaría a recaudar lo que los contribuyentes quieren pagar".

Al igual que lo hiciera la semana pasada el director de Rentas, Eduardo Zaidenstat, el comunicado señala que es la Justicia quien aplica la sanción basándose en las pruebas aportadas por el organismo. Acto seguido sostiene que "la DGI respeta y confía en la Justicia" y reconoce que el contribuyente "sin importar su tamaño, imagen e historia, tiene el derecho de apelar los decretos judiciales".

La comunicación se cierra afirmando que "la DGI seguirá trabajando para velar por el estricto cumplimiento de las normas tributarias vigentes, controlando que todos los contribuyentes paguen exactamente lo que corresponde".