Finalmente, la propuesta impulsada por el Gobierno de Entre Ríos fue aceptada, primero por el Senado y después por la Cámara de Diputados de Argentina, "para que, en caso de resultar necesario, el Poder Ejecutivo" someta ante la Corte Internacional de Justicia (de La Haya) el diferendo originado con Uruguay. Según ha trascendido, en estos momentos se estaría redactando la nota a presentar.
Es oportuno, por lo tanto, sugerir la inclusión, dentro de ese texto, de una documentación que ha sido omitida en casi todo el debate y que tiene que ver con un eventual incumplimiento por parte de nuestro país de los términos del Estatuto del Río Uruguay suscrito entre ambos países el 19 de noviembre de 1973. Hay quienes dicen —tal vez por no haberlo leído— que Uruguay no comunicó a la Comisión binacional Administradora del Río la realización de las obras, lo cual no es cierto, pero además, tampoco correspondería.
No correspondería, porque se trata de una obra nacional y no binacional, sujeta por lo tanto al derecho interno uruguayo, que no requiere ni consulta, ni autorización de los vecinos, ni opinión de la Comisión. Así lo destacó públicamente el Ministro de Relaciones de la época, Dr. Opertti, —y consta en versiones de prensa que están a disposición de los interesados—, el 9 de octubre del 2003, en presencia del ex canciller Bielsa, al salir de la hoy tan visitada Residencia de Anchorena, con motivo de un encuentro que tuvo lugar entre los presidentes Kirchner y Batlle. Pese a ello, se agregó, en un acto de buena voluntad, Uruguay estaba dispuesto a informar acerca de la evolución de las obras. Así se hizo el 2 de marzo del 2004, en una reunión mantenida en el Palacio San Martín de Buenos Aires —de la cual hay también versiones recogidas en una concurrida conferencia de prensa—, donde el Ministro uruguayo informó sobre el proyecto; su ejecución y el funcionamiento de las plantas, a través de un planteamiento que compartió el Canciller Bielsa. Por su parte, el Plan de Monitoreo a cargo de la Comisión, fue recogido en Acta Nº 01/04 del 15 de mayo del 2004, donde se cita expresamente el "entendimiento" Opertti-Bielsa. La Cancillería, pues, no sólo estaba al tanto de todo lo que iba ocurriendo, sino que además, tácita y expresamente, avaló con pleno y total conocimiento, todas y cada una de las etapas cumplidas. De acuerdo a esos antecedentes, Argentina no puede ahora hacerse la sorprendida.
Asiste razón por lo tanto a una senadora del vecino país que, en pleno debate, acusó a su Ministerio de Relaciones de ocultar información y exhibió papeles para demostrar que en el 2003 el Gobierno llegó a un Acuerdo con Uruguay, citando que en la página 107 de la Memoria Anual del Estado puede leerse: "en junio ambos países pusieron fin a la controversia por la instalación de una planta de celulosa en Fray Bentos".
También debería agregarse esa página.