BAJADA DE PENA | FREDDY FERNANDEZ CARRANZA

Este paraje, ubicado en el valle del Lunarejo, a poca distancia donde en la década del setenta los tupamaros construyeron "una tatucera", volvió ayer a ser noticia, a raíz de la presencia de la Policía y la Justicia intentando confirmar la posible existencia de una tumba clandestina.

Según se ha establecido, estaban dadas las condiciones, en virtud de que allí, se dice, hubo enfrentamientos entre tupamaros y militares. No obstante ello, lo que llama la atención fue la oportunidad elegida, ya que el puesto, otrora abandonado, volvió a la actividad, a raíz de la tarea que cumple el Ejército en apoyo del Ministerio de Ganadería y Agricultura.

Un edil del Frente Amplio denunció ante la policía, el Ministerio de Defensa y el Secretario de la Presidencia de la República, que una fuente confiable le había mostrado el lugar donde los militares enterraron a un detenido desaparecido.

Ante la gravedad de la situación, el juez Letrado, Mijail Rotas, dispuso que el juez de Paz, Washington Bottino e integrantes del comando de Jefatura de Policía se constituyeran en el lugar.

La tumba, según el informante, estaría al fondo del destacamento militar, lugar donde el Ejército, hace pocos días, instaló un puesto de vigilancia, en el marco de la cooperación que brindan al MGAP, en la lucha contra la aftosa.

El edil Martínez (Vertiente Artiguista) aclaró a El País que no se pretende "hacer olas", pero, a su vez, manifestó que tiene la "obligación de escuchar lo que dicen nuestros conciudadanos".

En el lugar, encontraron restos óseos, que serán derivados a la clínica forense. Corresponde, ahora, que el facultativo que allí se desempeña, determine si se trata de restos humanos. En caso de configurarse esa hipótesis, los restos serán derivados al Instituto Técnico Forense.

Mientras los funcionarios policiales escarbaban "a pico y pala", a pocos metros del lugar, cuatro soldados y el alférez Acuña, oficial recién egresado de la Escuela Militar, siguieron su rutina, controlando el pasaje de vehículos, ajenos a la incertidumbre que provocó la denuncia del dirigente de izquierda.

Las autoridades están dispuestas a volver, si el edil obtiene otros datos.