Antonio Mercader
Quién recuperó la curtiembre de quién? ¿Quién tiene derecho a ocuparla, desocuparla y/o reocuparla? ¿Por qué patotean los obreros, los dueños y los dirigentes sindicales? ¿Por qué el jefe de Policía de Canelones acata un ultimátum sindical e insta al dueño de la curtiembre a que se vaya? ¿Por qué se ocuparon cuarenta empresas en los últimos diez meses? ¿A qué obedece esta ola que genera confusión, trastoca valores y ambienta situaciones de facto que escapan al control de las autoridades?
Son tantas las preguntas que darían para llenar esta columna. Empecemos por la raíz del problema: la derogación del decreto que permitía a la policía desalojar empresas ocupadas. Esa medida creó una tierra de nadie, una inmensa zona gris a merced de los hechos y no del derecho. El Ministerio de Trabajo, en iniciativa loable —en cuanto supone algo tan infrecuente en el gobierno como reconocer públicamente un error y buscar corregirlo— anunció que preparaba un proyecto de ley para regular las fases de todo conflicto sindical, incluida la ocupación. Un anuncio que mereció reparos del Pit-Cnt, injustificables en un país con una tan reciente como generosa ley de fuero sindical.
Injustificables y erróneos pues la central sindical debe ser la primera interesada en que no se repitan hechos como los de la curtiembre en donde se arañó el borde del precipicio. O que no se reiteren situaciones como la de esta semana en las puertas del Palacio Legislativo cuando obreros que ocupan una fábrica de cintas de freno se enfrentaron a compañeros que clamaban por volver al trabajo. O que los ocupantes, como ocurre, sean una minoría que avasalla a la mayoría, lo que pone en pugna dos derechos constitucionales valiosos por igual: el derecho al trabajo vs. el derecho de huelga.
Quien crea, como se ha dicho, que el movimiento sindical sale fortalecido se equivoca feo. Sus líderes no pueden tomar el caso de la curtiembre como un triunfo sino como un alerta ante el caos y la división en sus filas. Quienes ocupan sin apoyo de la mayoría conculcan derechos y libertades de trabajadores discrepantes que, con todo derecho, tarde o temprano pueden optar por fundar un sindicato rival del existente.
Una última reflexión sobre la actitud del jefe de Policía de Canelones cuando dirigentes gremiales le dieron un ultimátum de 45 minutos para desalojar de la curtiembre a su dueño. Bajo la presión de 300 manifestantes enardecidos y para evitar males mayores el jefe convenció al dueño de que abandonara su empresa y permitiera el retorno de los obreros que la habían ocupado. Al hacerlo así ¿actuó con sensatez o estaba admitiendo que también la policía fuera patoteada?