El retiro por parte de los depositantes de U$S 90 millones entre marzo del año pasado y enero, una morosidad elevada de alrededor del 25% y la imposibilidad de cumplir con el pago de U$S 20 millones de depósitos reprogramados que estaba previsto para marzo, fueron las razones esgrimidas ayer por el equipo económico y el superintendente de Instituciones de Intermediación Financiera, Fernando Barrán, para justificar la suspensión e intervención de Cofac. En agosto, contaron los jerarcas, y los retiros se agudizaron. No se retenían los depósitos reprogramados que vencían e incluso se perdían otros, dijeron.
En octubre el Banco Central envió una carta a Cofac urgiendo la adopción de medidas correctivas. "Cofac comenzó a tomar decisiones a un ritmo de vértigo para lo que era habitual pero eso no compensaba el nivel de los retiros", resumió un legislador.
Ante una consulta específica del diputado blanco Carlos González Alvarez sobre si el Estado había dado asistencia financiera a Cofac, el ministro de Economía, Danilo Astori, respondió que se rechazó en enero un pedido en ese sentido por U$S 15 millones.
El ministro leyó en sala una carta que envió en diciembre al Bandes en la que se señalaba el respaldo del gobierno a las gestiones que hacía Cofac en ese momento para obtener la capitalización de la institución venezolana. Una carta de similar tenor había sido enviada por el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Carlos Viera.
El diputado blanco Gustavo Borsari sostuvo que la suspensión debió decidirse antes y pidió sanciones para los funcionarios del Banco Hipotecario que decidieron las colocaciones en Cofac en enero que llevaron a que el banco estatal tenga ahora U$S 1,5 millones retenidos. Astori respondió que hay una investigación en curso y que debía esperarse su finalización.