Jurisprudencia avala medida como parte de la huelga

La doctrina de derecho laboral sobre la ocupación del lugar de trabajo se encuentra dividida, pero en materia de jurisprudencia hay una tendencia a legitimar esa medida gremial o por lo pronto no aceptar los recursos de amparo interpuestos por los empresarios o grupos de trabajadores que quieren regresar a sus puestos.

En materia de jurisprudencia existen fallos en uno y otro sentido. La Suprema Corte de Justicia, con la anterior integración a la actual, opinó en un conflicto en el que los trabajadores del Casmu ocuparon, que la ocupación pacífica es lícita. Al analizar que durante la huelga el empleador no tiene la obligación de pagar el salario a los trabajadores, afirmó que la ocupación está comprendida dentro del concepto de "huelga atípica" con protección constitucional.

Otro fallo de la jueza de Lavalleja, Marta Gómez Haedo frente a la ocupación de un diario se volcó hacia la misma postura. En un recurso de amparo que los trabajadores no agremiados presentaron por la ocupación en el diario La Unión Decano de la Prensa Uruguaya, en mayo de 2004 la jueza manifestó que "gran cantidad de autores entienden que la ocupación es una modalidad del ejercicio del derecho de huelga, por lo que es lícita siempre que se produzca en forma pacífica".

"Teniendo en cuenta la opinabilidad del tema", la jueza se inclinó por rechazar el pedido de los no ocupantes.

En el caso de la ocupación del frigorífico Lorsinal, la justicia civil falló en junio del año pasado que "la licitud de la medida gremial de ocupación es a tal punto lícita, que antes de que se solicitaran por la actora medidas cautelares, ya habían sido propuestas en audiencia por el sindicato y trabajadores comparecientes, a fin de evitar mediante la entrega de productos cárnicos enfriados la producción de perjuicios a la empresa Lorsinal".

En el plano de las la ocupaciones de centros de estudio por parte de liceales se han dado dos posiciones. El entonces juez en lo civil Angel Cal (ahora ministro de un tribunal penal) entendió que se restringe el derecho de educación reconocido por la Constitución, en tanto el juez Juan Carlos Contarín desde una sede penal opinó que "la conducta de ocupar un liceo no es más que una manera, una forma, de la libertad de expresión que se recoge en nuestra Constitución, reconociendo un derecho que es inherente a la persona humana".

DOCTRINA. Entre los especialistas en la materia laboral también hay diferentes posiciones. El titular del Instituto de Derecho Laboral de la Universidad de la República, Oscar Ermida Uriarte sostiene que "siendo la ocupación una modalidad del ejercicio de huelga, al ser esta lícita, también lo es aquella, siempre que se produzca en forma pacífica".

Otra posición tiene el profesor y ex ministro de Trabajo, Santiago Pérez del Castillo, quien afirma que una huelga que impide el trabajo de todos, contradice la naturaleza del derecho reconocido en la Constitución y choca contra la concepción jurídica liberal de nuestra sociedad.

Pérez del Castillo entiende que si bien toda huelga constituye un obstáculo a la libertad de los terceros no huelguistas, con la ocupación del lugar de trabajo se lleva a un grado que hace difícil deducir su licitud.

El ex ministro dijo a El País que la ocupación sólo puede justificarse en casos extremos en los cuales puede existir peligro de perder maquinarias pero por sí solo el derecho de huelga no incluye la ocupación.

El Comité de Libertad Sindical de la OIT entiende que el único límite válido a la modalidad de huelga escogida, se da cuando la huelga pierde su carácter pacífico y se provocan daños voluntarios a las personas o a los bienes.

Pérez del Castillo afirmó al respecto que la OIT dice poco sobre las ocupaciones porque no son algo frecuente en el mundo.

El ex ministro de Trabajo, Santiago Pérez del Castillo opinó que fue "tremendamente inconveniente" la decisión de derogar el decreto que permitía desalojar las ocupaciones porque provocó resurgimiento de una práctica que se estaba utilizando poco. Señaló que cuando fue ministro no recuerda haber tenido que llamar nunca al Ministerio del Interior por una ocupación.

De todos modos, el ex secretario de Estado opinó que le parece muy sensato que se establezca por ley unos mecanismos que deben seguir los trabajadores antes de decidir ocupar.

Por su parte, el subsecretario de Trabajo, Jorge Bruni volvió a defender la posición de la cartera en cuanto a las ocupaciones. "Instinto: no existe un vacío legal en materia de ocupaciones. Que luego no haya alguna norma clara en cuanto a cómo proceder respecto de una eventual desocupación, esa es otra historia, pero no existe un vaciamiento legal porque estamos en el campo de las relaciones del trabajo y de la extensión del derecho de huelga", afirmó.