Brasil: líder opositor acusado de corrupción

Brasilia - Las denuncias de corrupción que golpearon duramente al Partido de los Trabajadores siguen extendiéndose a la oposición, y ahora alcanzaron a una figura central de la socialdemocracia: el gobernador de Minas Gerais, Aecio Neves.

Según la prensa brasileña, la justicia comprobó que una entidad creada por el vicegobernador de Minas, Clesio Andrade, recibió dinero de las cuentas del publicitario Marcos Valerio, el mismo que administró una millonaria contabilidad paralela en beneficio del PT.

Valerio distribuyó dinero a legisladores del PT y de sus partidos aliados, como aportes no declarados para campañas electorales, pero la oposición sostiene que el dinero también sirvió para comprar votos a favor de las reformas impulsadas por el gobierno.

Ahora se comprobó que el Instituto de Desarrollo y Asistencia Técnica y Calidad en Transporte (Idaq), fundado por el vicegobernador Andrade, retiró más de 3,5 millones de dólares de cuentas bancarias de Valerio entre 2003 y 2004.

El vicegobernador se negó a comentar el hecho, y sostuvo que se trata de un tema "bajo el secreto de la justicia", pero las denuncias afectan a Neves, una figura de gran relevancia en el opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

Neves tiene altos índices de aprobación en Minas Gerais, y ya adelantó que no disputará la candidatura del partido para las elecciones de 2006, pero se descuenta que tendrá un gran peso en la elección del candidato.

El PSDB, fundado por el ex presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), es uno de los grandes impulsores de las investigaciones del Congreso contra las denuncias del PT, que provocaron una grave crisis al gobierno.

Pero en los últimos tiempos las denuncias comenzaron a afectar al partido: primero, su titular, el senador Eduardo Azeredo, admitió haber recibido dinero de Valerio en su campaña de 2002.

Por otra parte, en los últimos días circuló una supuesta lista con recursos no declarados a la justicia ofrecidos a diputados socialdemócratas por una empresa pública de electricidad.

ANSA