Las papeleras y la mala fe

MUCHO se ha dicho —y se dirá en adelante, por desgracia— acerca del conflicto entre Argentina y Uruguay por la cuestión de las llamadas "papeleras". Se corre, por ello, el riesgo, al incursionar otra vez en el tema, de resultar reiterativo de dichos propios o ajenos. A esta altura del enfrentamiento, sin embargo, hay que apartarse de la crónica de lo cotidiano, que proyecta al primer plano los puentes bloqueados, las rutas cortadas y los camiones detenidos horas y días, y destacar los principios que están en juego y que se han desconocido frontalmente por el gobierno argentino.

Por dicho gobierno del señor "K" —como algunos le dicen— y no por el gobernador Busti, porque todo distanciamiento con otra nación es de competencia exclusiva del Poder Ejecutivo. En la Argentina y en todas partes, es éste quien debe enfrentarlo y tratar de solucionarlo, más allá de los desplantes, la desubicación y las groserías de un cacique político provincial.

LA empresa finlandesa que está instalando muy cerca de Fray Bentos y del río Uruguay una industria procesadora de celulosa se ha comprometido a cumplir las normas ambientales más exigentes y a aplicar las técnicas más evolucionadas y seguras en materia de tratamiento y purificación de aguas residuales y de efluentes químicos y gaseosos. Una y otra vez lo han dicho los técnicos y ejecutivos de la empresa Botnia y lo ha confirmado la Ministra de Comercio Exterior de Finlandia. Los finlandeses son gente seria, y además, su país marcha a la cabeza en el "ranking" mundial de preservación del medio ambiente.

¿Con qué derecho, entonces, el gobierno argentino descree de estas manifestaciones totalmente verosímiles, siendo que su país no es buen ejemplo en esta materia, y arma todo este batifondo? ¿Qué lógica hay en dicha actitud cuando, tras pedir un informe técnico al Banco Mundial, al aparecer éste respaldando lo expresado por Botnia, lo rechaza con argumentos enclenques?

Las razones para confiar en los dichos de la empresa son de una evidencia abrumadora. La tecnología que en Fray Bentos se va a aplicar ya existe en Finlandia y, por supuesto, es la obligatoriamente utilizada en dicho país. ¿Hay alguna razón para no emplearla en Uruguay? No, no la hay. Y debe empleársela, además, porque está en nuestro interés que así sea y porque nuestra legislación medioambientalista lo impone. Más aun, lo imponen las normas ambientales de la Unión Europea, a cuyos países, entre otros, van a exportar sus productos la planta finlandesa y, tras ella, la planta española, que seguirá sus pasos.

TODO ello, que lo ven hasta los ciegos, no lo perciben el presidente argentino, sus Fernández y demás acólitos de su gobierno atropellador y enemigo de los buenos modales. Como asombrosamente tampoco perciben, al parecer, que en el terreno de la contaminación fluvial ocasionada por "papeleras", su país parece marcar rumbos y constituye un pésimo ejemplo de contaminación por esa vía. Y por otras. Como las de las aguas del Riachuelo y de otros arroyitos que vierten su inmunda corriente al Río de la Plata, que también es uruguayo, a pesar de que Estanislao S. Zeballos solo nos adjudicaba su "costa seca".

Once, según las últimas informaciones, son las plantas procesadoras de celulosa existentes en territorio argentino, desde hace décadas en algunos casos. Todas ellas utilizan tecnología obsoleta —o largamente superada, al menos—, y vierten sus residuos contaminantes en las aguas del Paraná o del río Uruguay. Hay tres en Misiones, una de las cuales termina de provocar una protesta paraguaya, cuatro en Corrientes —parece— y cuatro en el bajo Paraná, al parecer en Buenos Aires.

HA hecho algo el gobierno argentino para corregir esa situación inadmisible y que perjudica a nuestro país, desde que contamina aguas comunes y limítrofes? Nada, absolutamente nada.

Del mismo modo que nada, absolutamente nada, es lo que ha hecho, aparte de declaraciones "pour la galerie", para restablecer el libre tránsito de personas, bienes y vehículos, desde y hacia el Uruguay. Presto y enérgico fue para restablecer el orden en Santa Cruz, alterado por unas decenas de piqueteros patagónicos.

Pero es más lento que la tortuguita de Mafalda, cuando se trata de garantizar la libre circulación en los puentes y accesos fronterizos con Uruguay.

Cuando la conducta es tan ilógica y contradictoria, resulta una inconducta. Que, como tal, es éticamente indefendible. Y, además, es muy poco seria. Hay personas que, en el plano de sus ejecutorias individuales, tienen por norma la inconducta y practican la falta de ética y de seriedad.

ELLO no es preocupante, en la medida en que los procederes personales no determinan la marcha de las sociedades. Pero otro gallo canta cuando la agresividad gratuita, la doblez en la conducta y los procederes carentes de toda seriedad se imputan a un país, por practicarlos su gobierno.

Este, con su pretensión infundada y antojadiza de que el Uruguay rechace a los inversores finlandeses y luego a los españoles, ya ha causado serios daños a nuestra economía. En este verano, ingresaron a Uruguay —a través de los puentes— muchos menos turistas argentinos que en el verano de 2005. ¿Cuántos? Cuarenta mil largos. Grandísimo fue el daño que nos causó Argentina, en 2002, con la aftosa y la hecatombe bancaria que nos contagiaron. El peligro de la aftosa ha reaparecido en estos días.

¿Hay derecho a ser tan desaprensivo, tan negligente respecto del respeto a los legítimos intereses de un país supuestamente hermano? No lo hay, por cierto, pero ello parece no contar para el ocupante interino de la Casa Rosada. Ahora anuncia que le va a pedir permiso a su Congreso para plantear el diferendo ante la Corte de La Haya. Que lo haga. Su chocante mala fe le asegura la derrota en ese eventual litigio. Pero, entre tanto, que cumpla con su deber de asegurar la libre circulación en los puentes que comunican nuestras naciones.