La olvidada reforma del Estado uruguayo

La reforma del Estado ha sido uno de los temas presentes en la agenda de los gobiernos latinoamericanos —y uruguayos— de las últimas décadas. La crisis de la matriz estado-céntrica de la posguerra favoreció que durante los ’90s se impulsaran en varios países latinoamericanos las reformas denominadas "neoliberales", que se orientaban básicamente a reducir el tamaño y el peso del Estado, buscando su mayor eficiencia. Es así que en casi todos los países de la región se privatizaron empresas públicas, y en algunos se redujo el tamaño del Estado en general.

En Uruguay estas reformas fracasaron porque se encontraron con una resistencia social y política importante. Los uruguayos éramos —y seguimos siendo—fuertemente estatistas. Mucho más que nuestros vecinos, como lo registra año a año el Latinobarómetro. En 1992, en el acontecimiento de mayor resistencia a estas políticas, siete de cada diez uruguayos votaron en contra de la "Ley de empresas públicas" que permitía vender parte del capital accionario de estas empresas a manos privadas.

El punto a resaltar es que esta "defensa" de las empresas públicas no significaba necesariamente que los uruguayos estuvieran satisfechos con cómo estas funcionaban. De hecho, segmentos relativamente importantes de la sociedad se mostraban en ese entonces críticos con sus servicios (los "cortes" en los servicios y las demoras en los trámites de cualquier tipo eran todavía moneda corriente). La actitud hacia las empresas era más una cuestión de ideología y valores que de satisfacción con su funcionamiento.

Justo es decir que las empresas públicas mejoraron luego sus servicios, y obtuvieron el reconocimiento de los uruguayos: en la última década las encuestas muestran una sostenida satisfacción con la forma en que UTE y Antel, y en menor medida también OSE y Ancap, funcionan.

Sin embargo, respecto a otros sectores del Estado, hoy parece repetirse la situación que se daba a principios de los ’90 con las empresas públicas. Es decir: si bien muchos uruguayos no están satisfechos con cómo funcionan las dependencias estatales y organismos del Estado, esto no significa necesariamente —al igual que entonces— que estén proclives a cualquier tipo de reforma. Por lo menos, seguramente, no a reformas que se planteen como objetivo reducir significativamente la presencia del Estado en la sociedad.

La otra arista del problema son los funcionarios públicos, donde también aparecen elementos en conflicto. Aquí se contrapone una mala imagen de los funcionarios (que podría sugerir, a falta de investigaciones más profundas, un contexto de opinión favorable a ciertas reformas), con valores relativamente extendidos del Estado como defensor y protector de las fuentes de trabajo en general, y de esas en particular.

Algunos sostienen que la izquierda logrará llevar adelante las reformas estructurales en el Estado que los partidos tradicionales no pudieron impulsar. Pero, para esto, deberá saber manejar finamente al menos dos núcleos de opinión. Una, la opinión sindical. El sindicalismo estatal se ha mostrado en el pasado como un actor capaz de bloquear iniciativas en este sentido, y el gobierno deberá tener capacidad de articulación de sus intereses para no reeditar las situaciones del pasado.

Dos, la opinión pública en su conjunto. En este ámbito el gobierno cuenta hoy con una legitimidad y apoyo popular que no tuvo ninguno de los anteriores, lo que constituye un punto a favor. Pero, de cualquier forma, los desafíos en el manejo de opinión en este tema son muy importantes. La insatisfacción con el funcionamiento del Estado existe, pero el panorama se presenta muy complejo (entrelazando valores, ideologías y creencias) en términos de favorabilidad o no hacia las reformas.