El Poder Ejecutivo ratificará mañana en la sesión de acuerdos ministeriales, la decisión política de regular a través de una ley las ocupaciones de los lugares de trabajo.
La intención del gobierno es que antes de que se produzca la ocupación, se cumplan una serie de etapas previas que estarán determinadas en la ley.
Si los trabajadores dispusieran la ocupación sin ajustarse a los contenidos de la futura norma, la Justicia tendrá las manos libres para ordenar el desalojo de los lugares de trabajo.
La iniciativa obligará además a los gremios a que la decisión de ocupar se adopte por la mayoría de los afiliados, para que las resoluciones tengan legitimidad, según señaló el ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi.
El jerarca dijo a El País que llevará a la reunión de mañana de Suárez la decisión de la cartera de promover una ley de prevención de ocupaciones.
Fuentes oficiales aseguraron que Bonomi obtendrá el respaldo del resto de los integrantes del Ejecutivo para elaborar el proyecto, ante los desacuerdos surgidos en filas del partido de gobierno, tras la derogación del decreto promovido por el ministro del Interior, José Díaz en marzo de 2005, por el cual se habilitaba a la Policía a desalojar los lugares de trabajo.
La andanada de ocupaciones que se produjeron desde la derogación del decreto que estaba en vigencia desde 1966, es el principal argumento que manejan los integrantes del gobierno para aprobar una ley que prevenga la medida gremial.
Bonomi estimó que antes de fin de mes estará terminado el borrador sobre los contenidos de la norma.
"No se podría ocupar sin recorrer los caminos de la ley", explicó el ministro. Añadió que si prospera la iniciativa, la Justicia "va a disponer el desalojo, si no se cumple con la ley".
Por otra parte, destacó que una vez de redactado el texto, las autoridades del ministerio iniciarán una ronda de consultas con las cámaras empresariales y el Pit-Cnt.
El ámbito de negociación sería el Consejo Superior Tripartito, opinó Bonomi.
Los integrantes de las comisiones de trabajo del Parlamento, también participarán de las negociaciones.
En otro orden, señaló que la futura ley además de establecer las etapas que se deberán desarrollar antes de la ocupación, contendrá una serie de medidas que apuntarán a la salvaguarda de los elementos de trabajo, así como a asegurar los servicios a la población.
En ese sentido, indicó que se deberá asegurar la "garantía de los servicios esenciales, cuidar la maquinaria, mantener encendidos los hornos y proteger el aparato productivo".
Aunque el ministro prefirió no rotular la ley como de "regulación", reconoció que existe "la decisión" política de instrumentarla y que tendrá carácter preventivo. "Póngale el nombre que quieran", precisó.
Bonomi comparecerá esta semana al Parlamento para hablar sobre el tema.
ESTRATEGIA. Por su parte, el dirigente del Pit-Cnt, Juan Castillo afirmó que la ley no apuntará a la regularización, sino que contendrá una serie "de actos de prevención de conflictos".
Castillo dijo que la ocupación forma parte de "la estrategia de los sindicatos" y que la central sindical no está dispuesta a que se afecten sus planes de acción.
"Son reglas de juego o pautas de prevención de conflictos", remarcó y aseguró que las medidas deberán ser aplicables tanto para los sindicatos como para las empresas".