Dueños de Concierto recusan a la jueza

El tribunal de apelaciones en lo penal de primer turno, integrado por los ministros Jorge Ruibal, Milka Núñez y Angel Cal Shaban, deberá expedirse en los próximos días sobre la recusación contra la jueza penal de 6º turno, Fanny Canessa, presentada ayer por los empresarios Berch y Aram Rupenian.

La recusación fue presentada por el abogado y ex fiscal de crimen José Luis Barbagelata apenas se levantó el receso impuesto por la Feria Judicial Mayor. Esto implicará una nueva dilatoria del caso sobre el que existe el pedido de procesamiento y prisión formulado por la fiscal Elsa Machado contra los propietarios de Concierto FM.

Fuentes del caso señalaron que la recusación contra Canessa fue interpuesta por lo que se consideró una falta de respuesta de la magistrada a la denuncia efectuada por la defensa de los acusados contra el director de rentas, Eduardo Zaidensztat, por los comentarios públicos que el jerarca efectuó sobre la denuncia de la DGI.

El pronunciamiento de la jueza Canessa respecto a la vista fiscal se encuentra demorado desde el pasado mes de diciembre, cuando los hermanos Rupenián fueron acusados por la DGI de haber defraudado al fisco en $ 245.000.000.

Los Rupenián fueron detenidos en enero cuando ingresaron en el país desde Argentina, adonde habían viajado —según su testimonio— por cuestiones de negocios.

Los empresarios argumentaron que llegaron en esa fecha apenas se enteraron de que existía un pedido de captura.

La detención fue pedida por la jueza Canessa cuando no se presentaron a la audiencia fijada días antes donde la magistrada debería de haberse expedido sobre la solicitud de procesamiento efectuada por el Ministerio Público y Fiscal.

Sin embargo, el juez de feria, Gustavo Mirabal, dispuso la libertad, ordenando el cierre de fronteras para los dos hermanos hasta tanto Canessa se reintegrara al juzgado una vez concluida la feria.

En la órbita civil, la DGI pidió el cierre de las radios Concierto FM y Concierto Punta, pero la firma presentó un recurso que está a estudio, con lo cual la suspensión quedó detenida.

Los Rupenian fueron denunciados en octubre de 2004 por la DGI bajo el fundamento del artículo 110 del Código Tributario. El organismo recaudador sostuvo que las radios deben pagar los impuestos, mientras que los empresarios sostienen que la de Maldonado está exonerada de pagar.

El delito es excarcelable, puesto que se castiga con seis meses de prisión a seis años de penitenciaría y se persigue únicamente por denuncia de la DGI.