Esta mañana se extrajeron los primeros restos humanos de la fosa común del cementerio de Pando cuya existencia denunció ayer la Intendencia de Canelones ante la Dirección Departamental de Investigaciones.
Además de la jueza Susana Moll se hicieron presentes en el lugar el director del Departamento de Medicina Forense del ITF, Guido Berro y el antropólogo Horacio Solla.
En la víspera, el director de Administración Daniel Muñoz y la abogada Natalia Carbajal ratificaron la información sobre la existencia de una sepultura que, según supo El País, podría contener entre 400 y 500 cadáveres muchos de ellos sin identificación y algunos con más de veinte años.
Las autoridades no presumen que haya cuerpos de detenidos desaparecidos, en tanto dejaron en claro que no medió una denuncia de familiares sino que el hallazgo es parte de una investigación interna que alcanza a las 16 necrópolis del departamento.
La investigación administrativa arroja que no hay registro alguno de las inhumaciones por actas ni citación a los familiares de los fallecidos para enterarlos de la inhumación. Por lógica entonces, los libros de necrópolis no tienen coincidencia en sus registros con la existencia de estos cuerpos.
El hallazgo es parte de una investigación interna que realiza la comuna canaria y que alcanza a los 16 cementerios canarios. La investigación administrativa continúa, pero el director Daniel Muñoz prefirió reservar detalles, por ejemplo sobre el eventual llamado a un ex jerarca de la administración de Tabaré Hackenbruch y las posibles derivaciones del caso que involucra a por lo menos una docena de funcionarios.
Existe la "certeza" de que hubo un procedimiento "absolutamente irregular" y de que se "violentó" la ordenanza, comentó a El País el coordinador de Necrópolis Luis Pimienta.
El País