Canelones | Patricia Mango

Comenzará hoy la extracción de cuerpos de una fosa común clandestina del cementerio de Pando cuya existencia denunció ayer la Intendencia de Canelones ante la Dirección Departamental de Investigaciones. En la víspera, el director de Administración Daniel Muñoz y la abogada Natalia Carbajal ratificaron la información sobre la existencia de una sepultura que, según supo El País, podría contener entre 400 y 500 cadáveres muchos de ellos sin identificación y algunos con más de veinte años.

Las autoridades no presumen que haya cuerpos de detenidos desaparecidos, en tanto dejaron en claro que no medió una denuncia de familiares sino que el hallazgo es parte de una investigación interna que alcanza a las 16 necrópolis del departamento.

Desde el momento en que recibió la denuncia, la Dirección de Investigaciones dispuso guardia policial en el lugar y enteró a la Justicia. Apenas pasado el mediodía, los departamentos de Homicidios y Policía Técnica, encabezados por el director Ricardo Pérez, partieron hacia el cementerio. Al mismo tiempo, llegaron al lugar la jueza subrogante de feria Dra. Moll y la fiscal Dra. Martínez. Según se decidió en la víspera, las excavaciones, que se iniciarán cuando la jueza lo disponga —probablemente hoy— estarán a cargo del Instituto Técnico Forense que dirige el Dr. Guido Berro.

Como se informó ayer, una funcionaria municipal denunció que en 2003 hubo enterramientos en una fosa común, ubicada en el ala norte del cementerio de Pando. El camposanto tiene un ala sur o "vieja" desde donde —según la denuncia— se extrajeron los cuerpos enfundados en bolsas negras los que fueron llevados a la zona "nueva" como se le conoce a nivel local. Muchos de ellos estaban reducidos, otros enteros, algunos momificados y un número no determinado sin ningún tipo de identificación.

La investigación administrativa arroja que no hay registro alguno de las inhumaciones por actas ni citación a los familiares de los fallecidos para enterarlos de la inhumación. Por lógica entonces, los libros de necrópolis no tienen coincidencia en sus registros con la existencia de estos cuerpos.

El hallazgo es parte de una investigación interna que realiza la comuna canaria y que alcanza a los 16 cementerios canarios. La investigación administrativa continúa, pero el director Daniel Muñoz prefirió reservar detalles, por ejemplo sobre el eventual llamado a un ex jerarca de la administración de Tabaré Hackenbruch y las posibles derivaciones del caso que involucra a por lo menos una docena de funcionarios.

Existe la "certeza" de que hubo un procedimiento "absolutamente irregular" y de que se "violentó" la ordenanza, comentó a El País el coordinador de Necrópolis Luis Pimienta.

HISTORIA. Los primeros indicios de irregularidades en necrópolis de Canelones surgieron en 2004, de la Comisión Investigadora que integraban tres ediles en ese entonces de la oposición, el actual diputado Carlos Souza, el edil Luis Garrido y la ahora prosecretaria Municipal Loreley Rodríguez. Como miembro informante y con fecha 2 de abril Rodríguez daba a conocer las conclusiones y esa misma noche, era amenazada de muerte, situación que denunció a la policía. En manos propias, la ahora jerarca entregó a un juez las pruebas y testimonios recogidos, pero "increíblemente" no hubo actuaciones, rememoró.

En una exposición verbal de fecha 18/02/05 la ex edila señalaba "Cuánto más debemos esperar para conocer el destino de los restos de las dos bebitas del Cementerio de La Paz; cuanto más debemos esperar para conocer las responsabilidades sobre la desaparición del cuerpo de la señora Olga Pedraja (hecho que ameritó la creación de la comisión). Cuántos serán los hechos irregulares que desconocemos en la medida que se continúe la permisibilidad.

A estos casos debe sumarse un cuerpo más desaparecido en Las Piedras y la identificación de dos cuerpos en un panteón de La Paz, ciudad donde el caso está radicado y que tendría relación con el de las dos bebas que habrían sido mal reducidas y que denunció la Investigadora.

El jueves 18 de marzo de 2005, el juez Néstor Valetti dictó procesamientos sin prisión para el ex director de Administración y tres funcionarios (uno con prisión) por "Abuso de funciones" para el primero y "Presunto vilipendio de cadáveres" para los empleados. El hecho que derivó en la justicia consistió en "armar" un cuerpo con partes de otro, situación que detectaron los familiares.

Es "una triste realidad" comentó Rodríguez a El País, y rememoró que en aquellos años nadie" los escuchó, pese a que "adjuntábamos pruebas" en cada denuncia realizada.

Largo historial de irregularidades

Un largo historial de irregularidades en cementerios de Las Piedras, La Paz y Pando han sido denunciados en los últimos 25 años.

En 1981, una investigación comprobó más de 100 hechos de dudosa legalidad ocurridos en el cementerio de Las Piedras. Los hechos perjudicaban a la intendencia y favorecían a las empresas fúnebres. Dada la gravedad de las irregularidades, el municipio, que entonces era gobernado por el coronel Donaldo Catalá decidió iniciarle un sumario con separación del cargo a un funcionario. Una investigación de la revista Qué Pasa reveló que el funcionario volvió a trabajar en la comuna al beneficiarse por la ley de restituidos.

Pero uno de los antecedentes más graves ocurrió en 2003 y dio lugar al procesamiento de un ex director de Administración de la intendencia canaria. La indagatoria se produjo ante el reclamo de una familia que aseguraba que el cuerpo que estaba enterrado en el cementerio de Las Piedras no era el de su pariente. A raíz de esta denuncia se creó una comisión investigadora en la Junta Departamental. Los ediles del Encuentro Progresista acusaron al ex-jerarca procesado de haber instruído a los funcionarios del cementerio a armar otro cuerpo con huesos del Osario General, y así disimular la desaparición de los restos del familiar de los denunciantes.

La bancada denunció que este mismo método fue utilizado en cinco casos, algo que luego fue comprobado por la policía de Las Piedras. El informe del Encuentro Progresista había denunciado también al ex director por obstrucción de la justicia y adulteración de los libros de la Necrópolis. El ex jerarca fue procesado por abuso de funciones y vilipendio de cadáveres.

En el informe se denuncia una profusa lista de irregularidades: hurto de accesorios (floreros, placas, crucifijos, manijas de bronce), desaparición de lápidas, urnas, cráneos y cuerpos; aplicación incorrecta de los procedimientos establecidos para inhumaciones, reducciones y actos administrativos y comercialización ilegal de servicios (además de lápidas, urnas y sepulcros).