COFE presiona al Ejecutivo mediante reclamos salariales

La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), que nuclea a los empleados de la administración central, volvió a reclamar al gobierno que otorgue una mejor propuesta de aumento salarial y que la distribución del ajuste a aplicar en enero se realice de manera tal que se privilegie a los salarios más bajos.

COFE entiende, además, que el aumento de 7,1% otorgado para todo el año no ha sido "negociado" con los trabajadores.

Estos reclamos fueron presentados esta semana, cuando una delegación de la confederación se reunió con el subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Daniel Mesa.

El gobierno en principio rechaza distribuir el ajuste en función de los sueldos de los trabajadores, a pesar de que COFE asegura que existía un acuerdo en ese sentido. De todos modos, Mesa quedó en contestar a los trabajadores acerca de si puede haber un cambio de posición, lo cual parece improbable. La confederación considera que el actual sistema de ajustes "privilegia" a los salarios altos y "sigue incentivando las inequidades", ya que el porcentaje de aumento es el mismo para todos los trabajadores.

En la reunión con la OPP también se definió que a partir de febrero comenzará a funcionar un equipo técnico —integrado por empleados públicos y miembros del gobierno— para definir cuál fue la pérdida salarial de los funcionarios durante la administración de Jorge Batlle.

Actualmente hay diferencias sustanciales entre las dos partes: COFE entiende que la pérdida fue de 22% y el Ejecutivo dice que apenas llega al 16%. En la próxima reunión del consejo superior, el 3 de febrero, se definirá la entrada en funciones de este equipo.

Los trabajadores también han solicitado entrevistas al presidente Tabaré Vázquez; así como a los ministros de Economía y Trabajo, Danilo Astori y Eduardo Bonomi.

Hasta ahora solo ha sido confirmada la entrevista en el Ministerio, que será el lunes con el ministro interino Jorge Bruni. COFE le expresará al jerarca su disconformidad por cómo se ha procesado la negociación colectiva con el gobierno, en el entendido de que la administración "no ha sido permeable" a las propuestas gremiales.