Antonio Mercader
Son datos tremendos, crueles", deploró un vocero de Policía Caminera al informar que en 2005 se batió el record de accidentes de tránsito en rutas nacionales. Hubo más de 2.000, con 146 muertos y 2.000 heridos. Si a estas cifras se suman los accidentes en ciudades, nuestro balance anual es el de un país en guerra: 350 muertos y un total de 8.000 heridos, la quinta parte de los cuales resulta con incapacidades permanentes. Detrás de las enfermedades circulatorias y el cáncer, las lesiones en el tránsito son la tercera causa de muerte en nuestro país.
Abuso del alcohol, exceso de velocidad e impericia son los principales motivos de esta debacle aunque la Caminera apunta sobre todo al primero ya que, según advierten, es "increíble" la cantidad de conductores que manejan borrachos o casi. Por eso anuncian que en 2006 redoblarán controles en carreteras al tiempo que exhortan, en especial a los jóvenes, a moderarse en el consumo de bebidas alcohólicas. El pedido tiene fundamento pues en Uruguay los accidentes en el asfalto son la primera causa de muerte entre los menores de 40 años.
Responsables de esta masacre son, por un lado, el desinterés general ante el problema y, por otro, la descoordinación entre los organismos involucrados. Sin embargo, hay instrumentos para mitigar esa sangría de vidas y recursos como es el caso de la ley 16.585 de 1994 que creó una Comisión Nacional de Control y Prevención de Accidentes integrada por delegados de cuatro ministerios, gobiernos municipales, Banco de Seguros, Cámara de Transporte y Federación Obrera del Transporte. Si bien en la última década la comisión hizo algunos avances, persisten carencias graves como la ausencia de un reglamento único de tránsito y un registro único nacional de infractores. "Unico" es aquí la palabra decisiva para terminar con la actual y caótica disgregación de esfuerzos.
Sin un Poder Ejecutivo que tome el toro por los cuernos y sin un plan articulado será difícil afrontar la situación y todo recaerá en acciones esporádicas de intendencias que, como la de Montevideo en un pasado reciente, se afanan más por sancionar a los choferes y mejorar su recaudación que por educar al público y ordenar el tránsito. Esa no es la manera de bajar la cuenta de víctimas como tampoco lo es confiar en que todo se arreglará con una campañita publicitaria de buenos consejos. La magnitud de las cifras de 2005 indica que ha sonado la hora de hacer algo en serio para que nuestras rutas y calles dejen de ser una emboscada diaria más propia de la guerra de Irak que de un país pacífico y civilizado.