Las cosas claras

El Directorio del Partido Nacional con el voto unánime de sus miembros decidió rechazar el proyecto de ley interpretativo de la ley de caducidad promovido por el Frente Amplio, e impulsar una iniciativa propia dejando claramente de manifiesto el alcance de dicho marco normativo. Una decisión de toda nuestra colectividad que suma, es verdad, la visión de nuestra Correntada Wilsonista en cuanto a la necesidad de impulsar un proyecto propio, pero que incorpora también la firme decisión de la que se nos convenció con argumentos sólidos, defendida por Alianza Nacional y el Herrerismo, de rechazar el que redactó la bancada de gobierno.

Los hechos ocurridos desde aquella decisión a la fecha nos reafirman en el acierto de la decisión nacionalista. La aparición de restos que presuntamente —ojalá así se confirme— pertenecen a ciudadanos desaparecidos, es un episodio de primera magnitud que nadie puede desdeñar. Las opiniones aportadas a la Comisión de Constitución del Senado por constitucionalistas y juristas de las más diversas tendencias políticas, que coinciden todas en la necesidad de que una ley interpretativa para ser tal, no debe innovar ni modificar la ley interpretada. El señalamiento efectuado por la mayoría de ellos en cuanto a que el proyecto del gobierno adolece precisamente de esa debilidad, la de modificar y no solamente interpretar.

Agreguemos algo más; la propia historia del Partido Nacional nos reafirma en los objetivos definidos; no en balde somos "Defensores de las leyes" y no por casualidad en toda esta historia que hoy vuelve, que arranca a comienzos de la década del ’60, el Partido Nacional se paró siempre del lado de la democracia, del estado de derecho, de las libertades públicas, y en defensa de los derechos humanos. En muchas oportunidades en solitario, discrepando a veces con el Partido Colorado, en otras con el Frente Amplio, y en varias con ambas fuerzas políticas.

Las opciones que hoy se plantean respecto a la ley de caducidad son: derogarla, anularla, interpretarla, o no hacer nada. Descartamos totalmente esta última; lavarse las manos no ha sido nunca la actitud del Partido Nacional y cualquiera sea la posición que se defienda en los tiempos por venir, la de la indiferencia o ajenidad no va a ser ni la del Partido ni la de sus sectores.

Derogar o anular la ley sería desvirtuar el valor de las normas jurídicas, y olvidar la importancia del aporte que Wilson Ferreira Aldunate le hizo al país con enorme generosidad y visión porque quién puede negar que hoy se puede avanzar en esta materia precisamente a través de las disposiciones de aquella ley. Significaría además, desconocer la voluntad de la ciudadanía expresada en el referéndum de 1988.

Interpretar en forma auténtica es el camino correcto. Dejar claramente de manifiesto hasta dónde llega aquella norma, de manera que no suceda lo que lamentablemente ha sucedido, que de acuerdo a cuál sea la integración del Poder Ejecutivo, diferente es el alcance de la norma. No, no puede ser así, no toleramos ni aceptamos que la ley se haya aplicado mal, tampoco permitimos que se aplique mal en el futuro.

Le damos entonces una interpretación auténtica en la que, a diferencia del proyecto oficialista, no ingresamos en la órbita del Poder Judicial cuya independencia no podemos vulnerar sino, por el contrario, debemos defender y consolidar como garantía fundamental de la vigencia plena del estado de derecho.