Uruguayos en España

Puede ser una muy buena noticia para los uruguayos que se fueron a España con ánimo de emigrar, un reciente anuncio realizado por el diputado nacionalista Jaime Trobo. El Herrerismo, desde que se agudizó el problema para los inmigrantes sudamericanos en la madre patria comenzó a actuar para que a los uruguayos se les reconociera el status especial que les otorga un Tratado firmado en 1870, entre ambas naciones. Finalmente, sus esfuerzos despertaron el interés del Partido Popular español, que decidió presentar una iniciativa en Las Cortes, a fin de que sea discutida en la Comisión de Asuntos Exteriores, la protección que el mentado tratado les otorga a los uruguayos.

El documento de Paz y Amistad dice en el artículo 8, que "los súbditos españoles en la República Oriental del Uruguay y los ciudadanos de la República en España, podrán ejercer libremente sus oficios y profesiones, poseer, comprar y vender por mayor y menor toda especie de bienes y propiedades, muebles e inmuebles, extraer del país sus valores íntegramente..., todo ello con arreglo a las leyes del país, en los mismos términos... que usan o usaren los de la Nación más favorecida".

En la exposición de motivos, el P.P. expone que este Tratado no ha sido denunciado por ninguna de las partes, manteniendo su plena vigencia jurídica. Más adelante expresa que "es legítimo que los Estados aborden en su normativa interna, cuál es el enfoque más adecuado ante el fenómeno de la globalización cual es la emigración y la integración a todos los niveles de quienes llegan. No obstante, un Estado no puede ignorar el valor de lo fijado mediante acuerdo en tratados internacionales, debiendo cumplir lo que en estos se expresa, o en su caso promoviendo un acuerdo entre ambas partes, que permita facilitar mecanismos alternativos de reconocimiento de derechos recogidos en normas de esta naturaleza".

Aunque el Tratado no fue modificado en este punto por otro posterior de 1992, la Administración española ha aplicado un criterio contrario, por lo que se han hecho demandas legales y en todos los casos los juzgados de Tenerife, Navarra, Alicante y hasta el Tribunal Supremo les han dado razón, al reiterar la plena vigencia de la cláusula de nación más favorecida derivada de las disposiciones del Tratado.

Según los últimos datos del censo español, en España hay 48.379 uruguayos, una población similar a la del departamento de Treinta y Tres. Entre 2001 y 2004 aumentó cerca de un 500%.