Marcha de policías no perjudicará al turismo, según el ministro Díaz

Acerca de la planificada movilización de policías en Punta del Este para el jueves 29, el ministro del Interior, José Díaz, sostuvo que no cree que "ninguna manifestación popular perturbe el funcionamiento del país". Agregó que "las movilizaciones de las respetables organizaciones sociales no van en pugna con el turismo", sino que él considera que ocurre "todo lo contrario".

La marcha, empero, no es avalada por la directiva del Sindicato Unico de Policías según informó en días pasados el secretario general del gremio, Alvaro Sosa. El dirigente planteó que existen fuertes discrepancias entre la directiva del gremio y el dirigente de la filial de Maldonado, Julio Pereira, que impulsa esta movilización. El secretario del sindicato agregó que la decisión sobre esta medida de protesta se tomó en forma inconsulta con las estructuras del gremio, durante una reunión informal que se celebró hace unos días en la ciudad de Treinta y Tres.

El caso de los adeudos con los policías del departamento de Maldonado "está solucionado", aseguró por otra parte el ministro, que explicó que la demora fue causada por la espera de una resolución del Tribunal de Cuentas. "Hubo un pequeño retraso pero no una interrupción del servicio", afirmó. Cabe recordar que el dinero reclamado por los funcionarios es el correspondiente a la llamada hora/ciudad, que cumplen los policías del departamento en funciones de patrullaje.

NUEVOS OFICIALES. Al clausurar los actos oficiales de fin de cursos en la Escuela Nacional de Policía, el presidente Tabaré Vázquez aseguró que la patria "espera mucho de estos oficiales" que ayer se graduaron en el nivel inicial de la carrera policial, mientras que el director del centro de estudios, el inspector general Raúl Perdomo, afirmó ante los flamantes oficiales que el fin del trabajo de la fuerza es "la protección de los derechos humanos".

Además de Vázquez, asistieron a la ceremonia el vicepresidente Rodolfo Nin Novoa, el titular de la Suprema Corte de Justicia, Daniel Gutiérrez, el ministro del Interior, José Díaz, otros miembros del gobierno, embajadores y familiares de los oficiales graduados.

Tras la entrega de distinciones por las calificaciones recibidas y dar posesión a toda la promoción 56a. de la Escuela de las espadas correspondientes, el inspector general Perdomo se dirigió a la concurrencia.

Así, dijo que "el orden público en el Estado social de Derecho es un valor subordinado al respeto de la dignidad humana, por lo cual el fin último de la Policía en sus diversas formas y aspectos, es la protección de los derechos humanos".

A continuación, Perdomo subrayó que "estos constituyen el fundamento y el límite del poder del policía". "La preservación del orden público lograda mediante la supresión de las libertades públicas no es, entonces, compatible con el ideal democrático, puesto que el sentido que subyace a la autoridad de la policía no es el de mantener el orden a toda costa, sino el de determinar cómo permitir el más amplio ejercicio de las libertades ciudadanas sin que ello afecte el orden público", afirmó.

DEBERES. Agregó que "toda sociedad civilizada requiere contar con un cuerpo de policía como una institución necesaria para la vigencia y efectividad de la paz y el orden público".

"Y todas las medidas que se tomen para vigorizar esta institución son decisivas en tanto y en cuanto se encuentren encaminadas a la realización de los fines de un Estado de Derecho moderno y democrático. Entre los esfuerzos y medidas que el Estado debe adoptar para asegurar la noble y trascendental misión que debe cumplir la policía, figuran los que tienen por objeto asegurar la formación profesional, moral y ética de sus integrantes, que los haga aptos para asumir la responsabilidad que sobre la policía pesa", dijo luego el director de la Escuela.

El ministro del Interior, José Díaz, aseguró con respecto a la ley de Caducidad que "vamos siguiendo un camino" previsto, con "logros" y con la necesidad de "seguir avanzando en el cumplimiento estricto de la ley que hoy nos rige", pero no habló sobre su postura personal a favor de su anulación, tal como trascendió en días pasados. Desde el Ejecutivo se ha manejado que la posibilidad de anular la norma de 1986 no está en el tapete y sí en cambio la voluntad de hacerla cumplir.

De todos modos, Díaz advirtió que el trabajo que se viene siguiendo "no quiere decir que no nos avengamos a considerar otras salidas". "Pero ahora estamos trabajando para lograr el objetivo que es la verdad, saber dónde están los desaparecidos", enfatizó el secretario de Estado.