Los jueces penales reciben centenares de denuncias de UTE por el robo de energía, que entienden prejudica su tarea por el tiempo que pierden en audiencias ya que no hay prácticamente procesamientos dictados por ese delito.
El enorme flujo de denuncias presentadas por UTE que recaían en determinados magistrados fue uno de los motivos por los que se decidió que las mismas ingresaran por medio de la Oficina Distribuidora de Turnos. De este modo, el sistema computarizado y aleatorio, distribuye las denuncias equitativamente entre los 21 jueces penales de Montevideo.
Cuando comenzó a funcionar ese sistema, el organismo presentó 300 denuncias juntas. Actualmente hay centenares de denuncias diversificadas entre las sedes penales.
Algunos jueces penales consultados por El País, explicaron que cada denuncia que se presenta de UTE obliga a celebrar audiencias, citar a los denunciantes y denunciados, pero la mayoría de las veces se trata de asentamientos y el robo de energía corresponde a montos irrisorios.
"MONEDAS". Una jueza explicó que actualmente en su sede se sustancian 80 denuncias sólo de UTE. Señaló que le hacen perder muchísimo tiempo sin resultados porque mayoritariamente se trata de asentamientos y lo que habría para cobrar "son monedas", insistió.
"Los jueces no somos cobradores", se quejó otro magistrado, que manifestó que se pretende que haya procesamientos "pero no es posible".
La anterior administración de UTE realizó varias campañas para mitigar el robo de energía. El ex presidente de UTE, Ricardo Scaglia, informó que se perdían 50 millones de dólares al año y que en muchos casos se trataba de personas de nivel económico alto.
No obstante, los casos que llegan a la justicia obedecen en la inmensa mayoría a personas de muy bajos recursos.
Otro juez penal explicó que los montos que UTE pretende cobrar a través de las denuncias que impulsa en la justicia penal son 4.000 o 5.000 pesos. "Además viene la gente, plantea la situación económica, que tiene siete u ocho hijos, que no puede pagar el alquiler y tuvo que colgarse, y no podemos procesar".
El juez penal agregó que se pierden meses citando al denunciante, testigos, y luego no se logra procesar a nadie.
Además, explicó que muchas veces la constatación del robo fue realizada por el organismo en el 2004 y lo que ocurre es que al citar al titular de la vivienda actual se comprueba que es otro, porque los ocupantes de las viviendas cambian regularmente. Entonces, no hay posibilidad de ubicar al denunciado.