Polémica por uso de viviendas de IMM

Una denuncia presentada por la oposición referida al caso de un funcionario de la Intendencia de Montevideo (IMM) que estaría utilizando dos viviendas propiedad de la comuna, no sólo amenaza con convertirse en un debate político en la Junta Departamental capitalina, sino que dejó al descubierto que en el oficialismo no existe conocimiento de la cantidad de casas con las que cuenta la comuna.

Según la edila colorada Glenda Rondán (lista 15), la IMM cuenta con 4 mil viviendas, pero la presidenta de la Comisión de Vivienda de la Junta Departamental, la oficialista Teresita Ayestarán (Vertiente Artiguista), dice que no tiene el dato.

En el caso de la comuna, la directora de Acondicionamiento Urbano, Hyara Rodríguez, tampoco tiene la cifra exacta, pero estima que son menos que las informadas por Rondán.

Además, aseguró a El País que se está llevando adelante un registro, para conocer con exactitud la cifra.

Rodríguez aseguró que el director de Recursos Financieros de la comuna, Enrique Cabrera, podía dar una información más precisa sobre el punto.

Pero ayer El País intentó ubicarlo en su despacho y respondieron que se debía llamar en la mañana de hoy. En su celular tampoco fue posible encontrarlo.

El tema surgió a partir de una denuncia presentada por la edila Rondán, que la semana próxima concurrirá a la Comisión de Vivienda de la Junta Departamental a plantear el caso de un funcionario que habría sido desalojado de una vivienda municipal por haber abandonado el Frente Amplio (ver nota aparte).

Pero el tema central de su denuncia, según explicó Rondán a El País, es el caso de un camionero de la IMM que es beneficiario de dos viviendas de la comuna, en una de las cuales tiene instalado un negocio de venta de diferentes artículos.

La edila dijo que espera conocer cuál es el criterio por el cual la IMM hace entrega de las viviendas, por considerar que puede haber "ineptitud y negligencia" de la administración, aunque aclaró que deslinda de responsabilidad al actual jefe comunal, Ricardo Ehrlich, a quien se lo transmitió personalmente.

De acuerdo a la información manejada por Rondán, ese camionero de la IMM tiene una vivienda en Instrucciones y José Batlle y Ordóñez, que actualmente ocupa su hija, y otra en Santiago Sierra y General Flores. Según Rondán, en esa propiedad en la planta baja el funcionario tiene un negocio de venta de artículos, y en el segundo piso habita su familia.

Por eso, espera que las autoridades de la IMM concurran a explicar el caso en la Junta Departamental porque no se trata de un "indigente", y para que aclaren el criterio de entrega de viviendas.

NINGUN CASO. La edila Ayestarán dijo ayer a El País que desconoce cuál es exactamente la cantidad de viviendas de la IMM. Pero aclaró que existen distintas categorías.

Por un lado, están las viviendas que son resultado de la regularización de asentamientos, que la comuna da en tenencia a los favorecidos. Por otro lado, existen condominios y barrios municipales, que la IMM enajena a todos aquellos ocupantes que se encuentran en ellas desde antes de 1993.

También hay viviendas de la comuna que la administración otorga en usufructo a través de una comisión mixta. En todos los casos, dijo Ayestarán, se debe contar con autorización de la Junta Departamental de Montevideo.

Aclaró que "todas" las viviendas municipales se entregan "a personas de bajos recursos", cuyos ingresos por núcleo familiar no superan los cinco salarios mínimos.

Al ser consultada sobre la posibilidad de que funcionarios de la IMM accedan a viviendas, respondió: "Hace mucho los funcionarios municipales accedían, ahora puedo asegurar que no conozco ningún caso posterior a 1990".

Ayestarán aclaró, sin embargo, que Adeom ha accedido a terrenos municipales "como cualquier cooperativa", y que esos predios han sido enajenados.

Por su parte, el secretario general de Adeom, Eduardo Platero, dijo desconocer la cantidad de viviendas que posee la IMM y que tampoco tiene conocimiento de la denuncia presentada por Rondán.

Recordó que en períodos anteriores se ha conseguido "alguna" vivienda para funcionarios en una situación "desesperada", pero insistió en que sin éxito Adeom ha reclamado a la comuna que otorgue viviendas en desuso.

"Si se hace, es por atrás de Adeom", aclaró.

En setiembre de 2001, la IMM resolvió no desalojar al dirigente gremial Darwin Alvarez de la vivienda municipal que estaba ocupando en ese momento. Rodríguez, que en ese entonces era directora de Recursos Humanos y Materiales, explicó que cuando la izquierda alcanzó el gobierno en la capital en 1990, había decenas de funcionarios habitando casas municipales.

Agregó que salvo que existiera necesidad de la comuna sobre una vivienda, "nunca" se desalojó a un funcionario.

La edila colorada Glenda Rondán (lista 15) denunció que tras un caso de "amiguismo político" una persona habría sido desalojada de una vivienda de la Intendencia de Montevideo (IMM), luego de haber solicitado su desafiliación del Frente Amplio.

Según informó ayer el diario El Observador, semanas atrás un funcionario que vive en una casa propiedad de la IMM en Instrucciones y José Batlle y Ordóñez, se comunicó con Rondán y le transmitió que la comuna lo intimó a desalojar la vivienda, cuando comunicó su decisión de abandonar el Frente Amplio y rechazó una invitación del Centro Comunal de la zona para militar en las elecciones departamentales del año pasado.

Rondán explicó ayer a El País que el denunciante, que pidió mantener el anonimato, se mudó a esa finca de Instrucciones 1165 hace 12 años, cuando después de vivir en la calle hizo gestiones ante la comuna y se le otorgó ese inmueble.

En esa época militaba políticamente en un sector del Frente Amplio. Primero estuvo vinculado al Partido Comunista y después al Movimiento de Participación Popular, dijo Rondán.

Agregó que el denunciante sigue considerándose de izquierda, pero decidió no militar más. En las últimas elecciones no votó, y en su credencial consta que "pagó la multa", dijo la edila.

En 2003 llegó a su vivienda y a las otras tres que están en el mismo padrón (Nº 107.546) una comunicación de desalojo. Todos los casos fueron archivados salvo el suyo. Actualmente está esperando la fecha de desalojo para el 6 de febrero.