Investigarán la gestión de siete organismos en gobierno anterior

La gestión de siete empresas públicas durante el gobierno del ex presidente Jorge Batlle comenzará a ser investigada en los próximos días en el Parlamento, ya que el oficialismo pretende descubrir si en ellas, sus anteriores directores incurrieron en "prácticas clientelísticas" de forma "generalizada", a partir de una serie de hechos que podrían ser derivados a la justicia penal.

El diputado oficialista José Mahía (Asamblea Uruguay), presentó ayer en la Cámara de Representantes la solicitud de una comisión preinvestigadora sobre la actuación entre el 1º de marzo de 2000 y 1º de marzo de 2005 de UTE, Ancap, Banco de Seguros (BSE), Banco Hipotecario (BHU), OSE, Antel y Administración Nacional de Correos (ANC).

En la sesión de Diputados quedó instalada una comisión preinvestigadora —integrada por la frenteamplista Daisy Tourné, el blanco Raúl Casas y el colorado Daniel García Pintos—, que tendrá 72 horas para pronunciarse sobre las denuncias de Mahía y resolver si hace lugar al pedido de investigadora.

Con los 52 votos del oficialismo, se da por descontado que se hará lugar al pedido de comisión, que según el legislador denunciante funcionará durante un plazo de 90 a 120 días.

En la nota presentada ayer en Diputados, Mahía recordó que al inicio del gobierno frenteamplista, el ministro de Industria, Jorge Lepra, recibió un informe de los directores de empresas públicas, en el cual "surgieron una serie de elementos de apariencia irregular".

"Se pudieron detectar contrataciones que no estarían ajustadas a derecho, disparidades en los criterios de asignación de publicidad, pagos de viáticos por viajes que no se habrían realizado, utilización excesiva de los vehículos oficiales, un manejo dudoso y poco transparente en licitaciones, contrataciones y llamados de precios, y la posible existencia de sobreprecios en pagos realizados", que llevaron a una "denuncia penal" en una investigación, indicó Mahía.

De acuerdo a la solicitud del legislador, más allá de la definición de la justicia, el Parlamento debe "aclarar si es que se han configurado prácticas clientelísticas sostenidas", para evitar "caer en generalizaciones que involucren a todos los actores y continúen erosionando la legitimidad de ‘lo político’".

Por eso, el legislador solicitó que se analice si esas prácticas "fueron excepcionales" o se trató de una "conducta generalizada".

El pedido de Mahía fue calificado por la oposición como una "cortina de humo" (ver nota aparte).

USO Y ABUSO. Poco antes de presentar la solicitud en Diputados, Mahía dijo en conferencia de prensa que la idea de instalar una comisión investigadora surgió ante la "noticia de hechos irregulares o presuntamente irregulares" en las siete empresas a indagar.

"Si hay mérito para una denuncia penal, la habrá. El objetivo es un análisis de lo sucedido en los cinco años. Porque puede no haber delito desde el punto de vista legal, pero a los ojos de cualquier ciudadano este tipo de prácticas se condenan cotidianamente", explicó Mahía, que detalló una serie de ejemplos que presentará en el Parlamento (ver nota aparte).

El legislador recordó que durante el gobierno del ex presidente Batlle, los directorios de las empresas públicas estuvieron integradas de forma "monopólica" por representantes de todos los sectores blancos y colorados y manifestó que su "objetivo" es que la instalación de la investigadora cuente con el "respaldo de todos los partidos".

Según Mahía, en esas empresas públicas existió "despilfarro, uso y abuso" y aseguró que para el Frente Amplio es una "prioridad" establecer "un fuerte combate a toda sospecha mínima de eventual corrupción".

El diputado oficialista mencionó, a modo de ejemplo, que la comisión deberá analizar algunas denuncias por las cuales directores favorecieron a medios de comunicación del departamento del que ellos son oriundos, y se preguntó qué sucedería si determinadas prácticas se hubieran llevado adelante en una empresa privada.

"Consulte a los legisladores", se limitó a responder anoche a El País el ex presidente Jorge Batlle cuando se le preguntó por la solicitud del oficialismo de instalar una comisión investigadora de la gestión de siete empresas públicas durante su gobierno.

En el Partido Colorado, se estima que la investigadora es una "cortina de humo" para tapar las "dificultades internas" del actual gobierno y la falta de propuestas legislativas, según declaró ayer el diputado José Amorín (lista 15). Agregó que esa colectividad no acompañará la iniciativa porque considera "poco serio" el planteo, ya que al ser gobierno, la izquierda está al frente de los organismos estatales y por lo tanto puede llevar adelante las indagaciones.

En el caso de los blancos, el diputado Pablo Abdala (Herrerismo), ex director de Ancap, dijo que espera que el Partido Nacional acompañe la propuesta y además solicite que se investigue la actuación de esas empresas públicas en los meses que van de la administración frenteamplista. "Que se investigue y se esclarezca lo necesario", indicó, pero sugirió que una indagación tan amplia puede ser una "cortina de humo" para "distraer la atención pública". A su vez, el diputado Alberto Casas (Herrerismo), ex director de OSE, también quiere llevar adelante una investigación "hasta el día de hoy" porque la situación actual de la empresa "no es de las mejores".

ANTEL. cargos innecesarios, utilización irracional de vehículos, subsidios a funcionarios, gastos de apariencia irregular, compras directas de abultado valor en año electoral, entrega de celulares a familiares de directores "porque sí".

UTE. 54 contratos de personal ajeno al Directorio (cifra que actualmente bajó a seis), gastos en contratos de asesoramiento de $ 150.000 mensuales por director, complementaciones a choferes que pasaron de $ 3.800 a unos $ 30 mil, publicidad oficial entregada con criterios dispares que llevó a radios del interior a duplicar la asignación de emisoras nacionales, $ 17 millones para la Liga Federal de Basketball, publicidad en un desfile de Prêt a Porter.

BHU. Uso de vehículos en actividades particulares, excesivo número de secretarios, construcción de viviendas sin estudio de mercado, entrega de viviendas "sin razón aparente", acciones que permitieron favorecer a empresas constructoras.

OSE. Asignación dispar de publicidad, como por ejemplo el caso de una denuncia sobre un ex director que entregaba publicidad y era permisario de una radio en Durazno.