Vértigo de noviembre

El mes de noviembre amontonó sobre la atención pública una serie de asuntos que tienen raíces lejanas. Lo más espectacular fue el hallazgo de los restos humanos en la chacra de Pando. Con todo, no fue eso lo más importante, ya que con hallazgos o sin hallazgos, todo el mundo sabía el horrible fin que tuvieron aquellos ciudadanos llevados a los cuarteles, de donde nunca salieron vivos.

Lo que está aún en proceso —formándose y transformándose— es lo que podría interpretarse como una suerte de respuesta a un nuevo flujo de datos. Se trata de algo que gira en torno a los requerimientos de justicia en el contexto de la ley de caducidad y atento ahora a las nuevas informaciones y datos sobrevinientes.

En ese plano el gobierno ha elegido una lógica de acción y un camino en base a una ley interpretativa de la Ley de Caducidad. El objetivo hacia donde apunta esa iniciativa es, en pocas palabras, modificar la norma vigente para que la exigencia de justicia, renovada ahora por los acontecimientos recientes, abarque a quienes, hasta ahora, habían escapado de su alcance.

Este camino o esta línea de razonamiento es defectuosa en sí misma, como se verá enseguida, más allá de la opinión que merezca por sus eventuales consecuencias ulteriores. A pesar de haber despertado interés (y aun emulación) en algunos dirigentes blancos, sería un error que el Partido Nacional se plegara a esa lógica y optara por un camino similar.

El proyecto de ley interpretativa que ha mostrado el gobierno es, desde el punto de vista del derecho, directamente insostenible por cuanto procura modificar la Ley de Caducidad so pretexto y bajo capa de interpretarla. Pero, además, dicha iniciativa viene envuelta en una nebulosa ética, reflejada en la hipocresía que se hace patente en el abismo entre los dichos de hoy (la Ley de Caducidad es un mamarracho) y lo escrito y suscrito ayer en Brecha por el mismo autor y secretario de la Presidencia defendiendo la ley. Aunque algunos dirigentes blancos se protejan diciendo que ellos están proponiendo otra ley, distinta y auténticamente interpretativa, ese camino, el camino de una ley interpretativa, en virtud de esos antecedentes, está políticamente podrido y quien se acerque a él va a quedar oliendo mal.

El Partido Nacional tiene abierto otro camino menos tortuoso y un razonamiento más consistente. Debe hacerse firme en la idoneidad de la Ley de Caducidad y debe sostener que la mala aplicación o mala interpretación de la misma no es imputable a defectos del texto legal sino —obvio— a quienes la aplicaron mal o la interpretaron peor.

Y como no es bueno quedarse en generalizaciones, habrá que individualizar los casos concretos de mala aplicación (caso de fulano de tal, expediente número tal). Y, acto seguido, habrá que agregar la individualización de quién fue el que malinterpretó o mal aplicó. Personalmente no dispongo en el momento de la información necesaria para identificar con precisión esos casos pero, dado que durante la Presidencia del Dr. Lacalle no hubo ninguna denuncia de este tipo y, por consiguiente, ninguna intervención del Poder Ejecutivo, es posible afirmar, sin lugar a dudas y sin atisbo de temeridad, que los casos en cuestión fueron tramitados por Sanguinetti o por Batlle. Y eso es lo que tiene que decir el Partido Nacional. Porque allí está el nudo de la cuestión: no en la ley sino en su interpretación y aplicación.

Si el Partido Nacional no acompañara la línea o la lógica del gobierno en el sentido de una ley interpretativa, ni tampoco acompañara al Partido Colorado en sostener que la ley fue siempre bien aplicada, se encontrará en la mejor de las compañías: estará solo, que es como está mejor (aunque eso sea un accidente y no el propósito último al tomar posición en este tema tan delicado).