Pinochet vive sus horas más complicadas con la Justicia

SANTIAGO DE CHILE | AP y AFP

El general Augusto Pinochet vive los peores días de su vida: está detenido por dos procesos criminales, tiene tres desafueros a la vista y la ampliación de un juicio por secuestro y otro nuevo por malversación.

Ayer, además, se presentó una nueva querella por un asunto vinculado a la represión de opositores durante su régimen.

Su abogado Pablo Rodríguez presentó ayer un recurso de amparo con el que intentará que la Corte de Apelaciones anule el procesamiento por seis secuestros de opositores, abierto el jueves a Pinochet por el juez Víctor Montiglio.

El recurso debe ser visto mañana por la sexta sala de la Corte de Apelaciones.

En la víspera, el mismo Rodríguez ingresó una apelación contra el juicio por cuatro delitos de corrupción iniciado el miércoles 23 por el juez Carlos Cerda.

Pinochet, que el viernes cumplió 90 años, está con arresto domiciliario en su mansión de La Dehesa, un elegante barrio santiaguino, por ambos casos.

Aunque en el juicio por corrupción se le otorgó la libertad provisional previo pago de US$ 11.500, aún no los cancela a la espera de que los tribunales resuelvan si igual debe seguir detenido por el caso de los secuestros.

Pinochet, que fue abandonado por los políticos derechistas que fueron la base civil de su régimen dictatorial de 16 años y medio, de 1973 a 1990, enfrentará en las próximas tres semanas juicios de desafuero con los cuales los querellantes buscarán procesarlo por más secuestros, desaparición de opositores, torturas y malversación.

Según transcripciones de los interrogatorios formulados por Cerda y Montiglio, Pinochet no admite ninguna culpa y responsabiliza de todo a sus subalternos.

Cerda ha establecido cómo y por qué Pinochet acumuló una fortuna en el extranjero de US$ 26 millones, sin contar su patrimonio en Chile, pero no el origen del dinero.

El proceso por corrupción señala que Pinochet usó pasaportes y un certificado falso para abrir cuentas en el exterior, según él, para ocultar sus dineros de un embargo ordenado por el juez español Baltasar Garzón.

Garzón lo mantuvo 503 días con arresto domiciliario en Londres mientras tramitaba su extradición a España para procesarlo por crímenes de lesa humanidad. Gran Bretaña lo devolvió a Chile por razones humanitarias.

Según Cerda, parte de los dineros salieron de la Casa Militar, que gestionaba el gobierno, incluidos los gastos reservados que recibió Pinochet cuando fue Presidente, 1980 a 1990. Dos generales y un coronel jefes de la Casa Militar, que abrieron algunas cuentas afuera, están en la mira del juez, que ya los ha interrogado varias veces.

En el caso de los secuestros Pinochet responsabilizó a su ex jefe represivo, el general Manuel Contreras, quien a su vez, dice que todo lo que hizo fue por órdenes de Pinochet. Tras un careo entre ambos, Montiglio sometió a proceso al ex dictador.

Hoy, los querellantes alegarán por un nuevo desafuero para ampliar por 32 secuestros más el proceso abierto el jueves, y a mediados de diciembre lo harán para que se lo enjuicie por malversación.

Una senda que tarde o temprano será tomada por Cerda es la relacionada con las presuntas comisiones recibidas por Pinochet por la venta y compra de armas, según el Consejo de Defensa del Estado.

Pinochet fue sobreseído en otros dos procesos por secuestros y asesinatos a causa de una demencia vascular leve a moderada, pero siquiatras que lo examinaron en octubre concluyeron que sí puede ser enjuiciado.

Una nueva querella contra Pinochet presentó ayer el abogado Hiram Villagra, en representación de cinco miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que murieron en dos supuestos enfrentamientos con agentes de la dictadura.

Villagra afirmó en su denuncia que las cinco víctimas fueron asesinadas por agentes de la secreta CNI (Central Nacional de Informaciones) en los falsos enfrentamientos en las calles Fuenteovejuna y Janequeo, en Santiago, el 7 de setiembre de 1983.

En esa misma fecha pero tres años después, un comando de guerrilleros urbanos del FMPR emboscó a Pinochet y una caravana de automóviles en la que regresaba a Santiago, y en el atentado murieron cinco miembros de su escolta.

La denuncia de ayer es por la muerte de cinco miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en dos supuestos enfrentamientos con agentes de la dictadura.

Esa acusación se suma a otras casi 300 querellas presentadas contra el general Pinochet a partir de 1998, cuando dejó la jefatura del Ejército en la que se mantuvo después de entregar el poder que ejerció como dictador entre 1973 y 1990.

Las muertes de Lucía Vergara, Arturo Villavela, Sergio Peña, Alejandro Salgado y Hugo Ratier, según los antecedentes de un proceso abierto en la Corte de Apelaciones, fueron una represalia de los servicios chilenos por el asesinato del intendente de Santiago, general Carol Urzú, en un atentado atribuido a los guerrilleros urbanos.

Pinochet enfrenta en la actualidad dos procesos por los crímenes de la "Operación Colombo" —un plan represivo que dejó 119 desaparecidos en 1975— y las cuentas secretas que mantuvo en Estados Unidos y otros países con depósitos estimados en U$S 27 millones.