El documento presentado dado a conocer el lunes pasado por varias cámaras empresariales y algunas gremiales rurales reclamando un tipo de cambio real más competitivo para el sector exportador, no contó con la unanimidad de opiniones de las instituciones que discutieron su redacción, por lo que no lleva la firma de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA) ni de la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), informaron a El País fuentes participantes de la reunión.
Los informantes señalaron que una de las principales discrepancias de los no firmantes estuvo centrada en una frase contenida en el primer punto de la declaración, que consta de 11 ítems, en la que, a juicio de las fuentes, se realizan comentarios "de tipo político" que van mas allá de los objetivos del documento.
En la frase en cuestión, se afirma que "se deben evitar prácticas nocivas de utilizar la política cambiaria como mecanismo de transferencia para financiar el alto gasto del Estado, derivado de su ineficiencia y como efecto de reformas nunca concretadas". Las fuentes afirmaron que la amplitud del comentario abarca incluso el futuro de las empresas públicas, por lo que no se entendía conveniente su inclusión en el texto.
En el caso de la ACA, se solicitó el retiro de esta frase, lo que fue finalmente descartado. Una de las gremiales que con mas énfasis argumentó en favor del mantenimiento del comentario fue la Cámara Mercantil de Productos del País, indicaron los informantes. Tanto la ACA como la CNFR, sostuvieron que se trataba de un aspecto que debía ser discutido a nivel de las directivas de sus propias instituciones, opción que no fue concedida por lo que el documento se firmó como había sido redactado originalmente, pero sin la firma de estas gremiales.
Fuentes de los arroceros, precisaron que finalmente la directiva de la gremial decidió por mayoría no acompañar la postura del resto de las gremiales.
Otro de los puntos conflictivos, tuvo que ver con las aparentes discrepancias entre afirmaciones contenidas en los puntos uno y diez de la declaración. En el primero se considera "imprescindible que la autoridad monetaria vele por un valor de tipo de cambio real estable y libre de distorsiones", mientras que en el punto décimo cuestiona "la pasividad implícita en la no intervención en el mercado cambiario", señalando que esto trae como consecuencia que "para el sector productivo y para la generación de empleo, ‘lo mejor es lo peor‘, lo deseable se transforma en amenaza".