HASTA hace poco tiempo, la tendencia en las relaciones laborales entre patronos y empleados iba hacia la flexibilización, esto es, a la fijación del salario y demás condiciones de trabajo en base a acuerdos entre ambas partes. Pero a ese procedimiento se le consideró demasiado "neoliberal". Para que el mismo funcione se necesita una evolución en la mentalidad de los sindicatos —y quizá también de los empleadores, por qué no admitirlo— como la que han conseguido los países desarrollados cuya mayor riqueza en comparación con la nuestra no es solo material, sino también y ante todo cultural. Esa cultura de trabajo le va a imponer al empleador pagar dentro de sus posibilidades la remuneración justa a su personal, entendiendo por tal la que se adecua al rendimiento, a la influencia de ese rendimiento en la generación de utilidades y a lo que puede ser de uso y costumbre en el lugar en el ramo de actividad de que se trate para la característica del oficio de cada uno. Y a su vez al dependiente la ponderación necesaria para pedir lo que sin necesidad de estar en la cogestión de la empresa, sabe lo que ésta le puede pagar sin desfinanciarse. Al trabajador siempre le va a servir mucho más estar trabajando, que ir al desempleo. Pero para que esto se consiga, reiteramos, es necesario crear una cultura de entendimiento, que no significa expoliación por una parte, ni sumisión por la otra. Con buena disposición, encontrar el punto de equilibrio podrá llevar más o menos tiempo, pero se consigue.
EN aquellos países en que esa cultura no existe —y aquí nos ubicamos nosotros— las cosas se complican. Y cuando se sale de épocas de crisis como las que hemos vivido, la dificultad de entendimiento es mayor. Sin embargo una cosa es un entendimiento dificultoso y otra cosa es plantear lo implanteable, o hacer todo lo contrario para desatar la "guerra de clases" para que el trabajador vea en el empleador su enemigo, y cegado por el odio —porque esa es la palabra— proceda o exija de manera que su fuente de trabajo se perjudique. Lo ocurrido con la ocupación de la estación de servicio que tuvo que cerrar porque fue ocupada por su personal, con la colaboración de la policía al amparo de disposiciones del Poder Ejecutivo, es un ejemplo que quedará en la historia de las mayores barbaridades que en esta materia pueda registrar el país. Del tema Dirox, ya se ha ocupado un reciente y más que elocuente editorial de esta página.
Pocos disparates se conocen sin embargo como algunos incluidos en el proyecto ley de fueros sindicales que tiene media sanción en Diputados. Vamos a extraer de este engendro prohijado por el Pit-Cnt tres ejemplos de los que asustan por su regresión. Primero: si una empresa despide a un dirigente gremial o a un afiliado al gremio, en caso de ir a juicio verá la carga de la prueba invertida, y si en la demanda se afirma que el motivo del despido son razones sindicales, tendrá que probar que no es así. Es la prueba negativa, la prueba diabólica, la prueba imposible. Bastará pues la afirmación del trabajador en cuanto a que la finalidad del despido fue esa, para que el demandado sea condenado a una indemnización casi expropiatoria. Segundo: la empresa que sea así condenada será inscripta en un registro y la inscripción tendrá como consecuencia la inhabilitación de la empresa para contratar con el Estado. Tercero, este régimen se aplicará con efecto retroactivo a partir del primero de marzo de este año.
NO es fácil dar cuenta públicamente de esta enormidad porque por el solo hecho de haber sido pergeñada y además de haber sido aprobada por una Cámara, da vergüenza darlo a conocer dentro y fuera del país. En la instancia conciliatoria, el Ministerio de Trabajo quitó del proyecto estos exabruptos, pero como esa instancia fracasó y el proyecto pasa ahora al Senado, no se sabe qué sucederá con él dado que la presión de los "sindicatos compañeros" es muy fuerte.
Crucemos pues los dedos.
Finalmente, el episodio ocurrido en Conaprole es otro de los que causan estupor. La empresa llegó a un acuerdo con su personal en el Consejo de Salarios. Pero después, dispuso dar determinados premios, aumentos o incentivos —como se les quiera llamar— a determinados funcionarios de la escala superior del personal. Ello provocó rechazo en el resto, y empezó entonces a enlentecerse la distribución de los productos lácteos. Nos preguntamos: ¿y esto qué es? ¿acaso está prohibido en el país pagar sueldos superiores a los mínimos a determinado personal que participa en la toma de decisiones fundamentales para una gestión empresarial?
COMO vemos, en el plano laboral el país está caminando para atrás como el cangrejo. Esto es la consecuencia de haberle dado a los "sindicatos compañeros" un protagonismo político que les hace sentir como los dueños de sus centros de trabajo. Va a costar mucho convencerlos que las cosas no son ni van a ser así. Ello a pesar que Castillo se toma a la chacota la imagen del país para atraer inversiones. Aumentará el desempleo, bajarán los salarios, y estos iluminados de hoy seguirán embaucando a quienes les prestan atención.
Viven en otro mundo. O quieren vivir, lo cual es peor.
Presos políticos
Esto de la calificación por determinada gente de "presos políticos", no es de ahora. Viene de bastante más atrás. Porque hay una historia respecto a la verdad y a la mentira sobre el tema. Presos políticos verdaderos han habido muchos en distintos tiempos. Quienes fueron a la cárcel sin haber actuado nunca en política ni por ideales sustentados, sino que fueron a la cárcel por sedición, esos no son presos políticos. Como lo afirma hoy el señor Ministro del Interior haciendo referencia a las cuatro personas que fueron procesadas y a la cárcel luego de los tristes sucesos de la Ciudad vieja.
Pero lo que hoy el señor ministro afirma, le cabe también a quienes en pasado reciente se autodenominaron presos políticos y toda la izquierda los apoyó por tal título. Así, que si ahora no son, antes tampoco. Que quede claro.