Una semana después que el propio ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, anunciara que el gobierno no enviaría al Parlamento un mensaje complementario a la ley de Presupuesto, senadores del oficialismo se reunirán este mediodía con el equipo económico para definir si las mejoras que varios sectores del gobierno quieren incorporar a esta iniciativa quinquenal necesitan iniciativa privativa del Poder Ejecutivo y, en tal caso, lo serán por esa vía.
"No hay nada cerrado", reconoció a El País la senadora Susana Dalmás, de Asamblea Uruguay, el mismo sector político del ministro Astori. Además, los representantes del Partido Socialista (PS), la Vertiente Artiguista (VA), el Partido Comunista (PCU) y el Movimiento de Participación Popular (MPP) son partidarios de impulsar mejoras en áreas de la actividad donde se necesita el envío de un mensaje complementario.
Desde la vuelta de la democracia, todos los gobiernos han enviado un mensaje complementario al Parlamento, recordaron a El País fuentes legislativas.
Ahora, el oficialismo pretende incluir en el Presupuesto un régimen de mejoras para los salarios del Poder Judicial, que circulará por un camino del medio entre 28% que ofrece el Poder Ejecutivo y el 40% que solicitaron las autoridades de ese poder del Estado, confiaron a El País fuentes legislativas.
Otra innovación es la incorporación de recursos al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) para salud animal, en particular para contar con mejores mecanismos para prevenir males sanitarios como la aftosa y la vaca loca, dijeron los informantes.
La oposición fracasó ayer en un intento de pedir formalmente al Poder Ejecutivo el envío de un mensaje complementario, definiendo su contenido en una instancia de negociación que se abriera ayer mismo y se prolongara hasta el domingo 6. La bancada oficialista negó sus votos para conformar este ámbito de negociación, a pesar de que los blancos consideraron "fundamental" contar con esa herramienta.
Los nacionalistas acompañarán el proyecto presupuestal que presentó ayer la Administración Nacional de Enseñanza Pública (ANEP). Asimismo, tienen intenciones de apoyar los reclamos que hace el Poder Judicial y dos áreas donde el oficialismo no ha tomado una iniciativa para incorporar mejoras: los salarios de los funcionarios del Ministerio del Interior y el rubro inversiones públicas, anunció a El País el senador Francisco Gallinal (Correntada Wilsonista).
En el caso de la Enseñanza, la diferencia entre lo que pide la ANEP y ofrece el Poder Ejecutivo es de U$S 10 millones en los cinco años, lo que consideraron exiguo.
Dalmás alentó esperanzas cuando dijo que "no hay que descartar el mensaje complementario" del gobierno. Hoy se reunirán con el equipo económico encabezado por el ministro Astori para definir.
A tal punto hay posibilidades que el miércoles 2, los senadores del oficialismo Víctor Vaillant, Margarita Percovich y Rafael Michelini se reunieron con las autoridades de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para afinar aspectos de la nueva solución.
ENSEÑANZA 35%. Los representantes de la Enseñanza plantearon a los senadores la necesidad de hacer a un lado el Presupuesto que les votó la Cámara de Diputados y aprobar el suyo, que establece como diferencia principal un aumento superior al previsto por el Poder Ejecutivo: del aproximadamente 28% que se piensa conceder en los cinco años a docentes y funcionarios en general, se pide la sanción de una mejora del 35%.
Las autoridades de ANEP sostuvieron ante la comisión que la Enseñanza pública reúne a alrededor de 50.000 funcionarios y un total de 725.000 educandos en todo el país que se instruyen en unos 2.500 centros educativos, por lo que entienden que es "el mayor organismo del Estado".
Luis Yarzábal, titular del organismo rector, rechazó el aumento del Poder Ejecutivo que aprobara el plenario de Diputados porque "no llega a la propuesta que ANEP ha defendido para los funcionarios". Aún así, Yarzábal reconoció que si no se aprobara lo que pide el Consejo y se optara por la oferta del gobierno, se tratará del aumento presupuestal "más alto de la historia" del organismo.
El pedido que hizo el Codicen al Parlamento está acordado con los sindicatos, por lo cual las autoridades entienden que su aprobación será la mejor forma de que "haya un clima" que permita trabajar normalmente. Las diferencias entre lo que ofrece el Ejecutivo y solicita el Consejo es de unos U$S 300 millones en el cuatrienio 2006-2009.
Reclamo de intendentes frentistas
Los intendentes del Frente Amplio reclamaron ayer a los dirigentes de su colectividad política, la modificación de algunos de los artículos del proyecto de Presupuesto Quinquenal que debate el Parlamento.
Los jefes comunales plantearon en la reunión con los senadores que encabezan las listas, que se revea la exoneración de la contribución rural a los emprendimientos forestales. Subrayaron que la exoneración era válida hasta tanto las empresas no tuvieran un resultado económico, según dijeron a El País participantes de la reunión.
En el encuentro, los intendentes propusieron que la retención del 1,5% que realiza la Diprode —dependiente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)— a todas las comunas, deje de tener el carácter obligatorio.
La dependencia de la OPP se encarga de elaborar proyectos vinculados a los municipios. Los jefes comunales plantearon que la retención no se realice en forma "compulsiva", indicaron los informantes.
Por otra parte, los jefes comunales reclamaron a los dirigentes del conglomerado que ante la política de incentivos que practican los distintos municipios para reducir el número de funcionarios, se exima a los gobiernos departamentales de pagar los aportes al Banco de Previsión Social (BPS).
Los informantes destacaron que los líderes sectoriales y legisladores se limitaron a escuchar los planteos de los intendentes, con la intención de trasladar las propuestas a los integrantes del equipo económico.