Moller podría pedir archivo de casos de Riquelo y Gatti

La investigación por el secuestro de Simón Riquelo y Gerardo Gatti podría correr el mismo camino que el caso Gelman. En ese expediente el fiscal Enrique Moller pidió el archivo argumentando que el gobierno de Julio Sanguinetti lo había comprendido en la ley de Caducidad.

Cuando vuelva al juzgado el caso que fue dejado fuera de la ley de Caducidad por el presidente Tabaré Vázquez, el juez Mirabal enviará el expediente a Moller y la historia que acaba de vivir el expediente de María Claudia García podría repetirse.

En noviembre de 2002, el fiscal al igual que lo hizo en el caso Gelman, argumentó que si bien se trata de delitos "permanentes acorde a la clasificación por el momento consumativo o duración y podrían a la fecha continuar su consumación, estarían amnistiados y extinguidos", lo que hace "estéril" esa discusión.

En ese dictamen, Moller afirmó que el artículo uno de la ley de Caducidad plasmó la no persecución por medio de la caducidad de la pretensión punitiva los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares, policiales, equiparados y asimilados, por móviles políticos y no estableció diferencias en cuanto a tipos delictuales ni tiene en cuenta el momento consumativo.

Haciendo mención al referéndum afirmó que "el alto grado de legitimidad alcanzado mediante el veredicto popular, se hizo patente en el inmediato y expreso acatamiento de su resultado por todas las fuerzas políticas del país, incluso por las que habían promovido el plebiscito, significando ello el punto final del período de transición y la consolidación y reafirmación de las instituciones democráticas en su vigencia plena". El abogado Pablo Chargoñia explicó ayer a Tiempo Presente de Concierto FM, que solicitó el desarchivo "a la luz de nuevos datos, nuevas revelaciones e indagatorias a nivel del Poder Ejecutivo". Marcó la diferencia en el hecho de que mientras en el caso Gelman, el Ejecutivo no manifestó los argumentos por los cuales el caso no era comprendido por la ley, en este caso sí se mencionan esos detalles.

El expediente reúne las causas de Simón Riquelo, Gerardo Gatti, María Emilia Islas de Zaffaroni, Carlos Rodríguez Mercader, Cecilia Trías, Washington Cram González, Ary Cabrera, Juan Pablo Errandonea, Juan Pablo Recagno Ibarboru, Alberto Mechoso, Rafael Lezama y Andrés Bellizi, privados de su libertad en 1976.

En ese caso actuaron en un primer momento el juez Alvaro Frana y la fiscal Mirtha Guianze pero luego lo derivaron a Mirabal porque en esa sede estaba radicada una denuncia anterior. Tanto Frana como Guianze argumentaron sobre la permanencia de los delitos y de acuerdo con ello que no están comprendidos en la ley.