El fraude inocente

La discusión sobre las empresas del estado es una discusión vieja y mal llevada. De los famosos seminarios que organizó el Gral. Seregni (su última contribución para acercar las partes de este Uruguay dividido) el primero de todos estuvo dedicado a este tema. Pero el Uruguay se resiste a estudiarlo en serio: se resiste incluso a discutirlo. Los plebiscitos hacia donde el tema fue empujado fueron instalados para terminar con la discusión antes de que ella pudiera establecerse.

En octubre del 2004 salió un libro del conocido economista americano John Kenneth Galbraith que contiene interesante material para reflexionar sobre ese aspecto de la economía. No lo traigo a colación como última palabra en el tema sino para enriquecer un debate que el Uruguay necesita replantearse. El libro se titula "La economía del fraude inocente" y el autor se propone plantear con honestidad los problemas económicos actuales. Dice al comienzo: "...en la economía y en la política la realidad está más oscurecida que en ningún otro ámbito por las preferencias, los hábitos sociales y los intereses pecuniarios, tanto personales como colectivos". Quien se atreve a escribir esto merece ser leído hasta el final.

Uno de los temas centrales del libro es el de la eficacia de la gestión económica vinculada con la propiedad, lo cual tiene evidente relación con un estado empresario, como es el caso en el Uruguay. Ante una observación primaria y elemental el estado aparece como mal empresario. Esto es algo que aún los que apoyaron los correspondientes plebiscitos no pueden ignorar ni desmentir. No me refiero a las fallas administrativas (el mal manejo) de actividades que no son estrictamente empresariales, como puede ser el caso de la administración de justicia o la salud pública. En esas actividades el estado uruguayo dilapida fortunas en malas compras, duplicación de servicios, desorden administrativo y pura desidia burocrática, pero dichas actividades son propias del estado sin discusión. Me refiero al estado empresario, aquel que, en el Uruguay, contribuye en el PBI. Es el estado que produce portland, el que transporta pasajeros, el que maneja sistemas de telefonía o fabrica cognac. En todas esas actividades el estado es ineficiente y caro. La razón de esto no es que los funcionarios públicos sean uruguayos menos dotados o más haraganes que los uruguayos que trabajan en empresas privadas. La razón es que en la empresa estatal, a los que toman las decisiones nada les cambia si el resultado de esas decisiones es bueno o malo: siguen cobrando lo mismo, no pierden el puesto y nada les duele.

Galbraith dice que el capitalismo moderno está llegando a una situación parecida. En el capitalismo clásico el dueño de la empresa tomaba las decisiones y si decidía bien ganaba (quizás mucho) y si se equivocaba perdía (quizás todo). Luego las empresas se transformaron en sociedades de accionistas y fueron manejadas por sus representantes. Pero ahora las empresas son corporaciones, las manejan ejecutivos que no están sujetos a los accionistas y que toman por sí mismos todas las decisiones, incluida la de fijarse sus propias retribuciones, independiente de cómo le vaya a la empresa. Tampoco en este caso les duele si se equivocan. Señala Galbraith: "La revista Fortune, una publicación no muy inclinada a criticar la cultura corporativa, ha dado a conocer las enormes retribuciones recibidas por algunos ejecutivos, pese a la disminución de las ventas y de los beneficios de sus empresas, y las ha calificado de robo" (pág. 55). La vinculación de las decisiones con los resultados y con la retribución es un punto esencial en esta discusión.

El tema del estado empresario se va a volver a plantear inevitablemente en nuestro país. Es de desear que, cuando eso suceda, la ciudadanía sea esclarecida a través de un debate político más ilustrado que en el pasado.