Detectan evasión de aportes en el Estado

En un nuevo embate contra el informalismo el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social puso en funcionamiento el Consejo Consultivo Asesor de la Inspección General de Trabajo y la Seguridad Social formado por empresarios y trabajadores que informará sobre incumplimiento de normas y propondrá mejoras en las condiciones laborales.

Con esto se pretende aumentar la cantidad de detección de infracciones, considerando que desde el 1º de enero 12.000 de las actuaciones inspectivas realizadas por la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social (Igtss) en el ámbito privado y público arrojaron irregularidades de diversa índole y el 17% de éstas respondió a denuncias de trabajadores, dijo a El País la inspectora general María Narducci.

Las fiscalizaciones también se darán en el Estado en donde ya se han encontrando irregularidades, reveló a El País el ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi.

"Queremos intensificar los controles porque cuando no se cumple con la normativa laboral se cae en la afectación de la salud de los trabajadores y en una competencia desleal con otras empresas porque se bajan los costos por incumplimiento con el BPS y la DGI y las normas de seguridad", dijo Bonomi. Pero en seguida aclaró: "El Poder Ejecutivo no puede inspeccionar a terceros si él mismo incumple con la normativa de seguridad".

Según el ministro, de las inspecciones hechas en Ancap, el Banco de Previsión Social, Antel, y otros organismos, "se han encontrado irregularidades y se esta viendo qué medidas se toman".

"El Estado paga en negro, los policías del servicio 222 cobran en negro.

Se viene con un presupuesto elaborado por el gobierno anterior, desde donde se trae una tradición de pagar en negro algunos servicios como la seguridad y la limpieza".

RURALES. Si bien el gobierno está dispuesto a intensificar las inspecciones éstas no abarcarán todos los sectores. En el caso del rural el objetivo es "regularizarlo" ya que, según Bonomi, está completamente por fuera de la normativa. El ministro indicó que cuando se instrumentaron los controles "encontramos que la gente no tenía idea de las normas de seguridad mínima como en el uso de un tractor o que no hacía aportes y que si seguíamos en ese camino nos metíamos en un callejón sin salida porque teníamos que ponerle candado al campo".

En este sentido, Bonomi explicó que acordó con el presidente de la Asociación Rural, Fernando Mattos, la implantación de una comisión tripartita para determinar "qué cosas hay que inspeccionar sí o sí". "Ellos se comprometieron a cumplir con esas normas y nosotros a inspeccionar sólo esas cosas mientras elaboramos una nueva normativa adecuada a la época".