Fiscal pide el procesamiento del ex directorio del Banco Central

El fiscal penal Eduardo Fernández Dovat pidió el procesamiento de los ex directores del Banco Central del Uruguay (BCU), Julio de Brun, Miguel Vieytes, y Andrés Pieroni.

Según pudo saber El País, el fiscal entiende que el ex directorio de la institución actuó de manera irregular en relación a los ahorristas del Trade and Commerce Bank (BCU) que fueron considerados depositantes del Banco de Montevideo.

El juez Luis Charles tiene a estudio el pedido del fiscal y en los próximos días fijará la audiencia que se debe realizar cuando hay una solicitud de procesamiento para que los indagados se presenten con sus abogados y ejerzan la defensa.

En noviembre pasado Fernández Dovat pidió el enjuiciamiento de los tres abogados que asesoraron al directorio, por un delito de abuso de funciones.

El fiscal explicó que los integrantes de la Comisión que asesoró al Banco Central en relación a los depósitos del TCB, hicieron un manejo irregular de la información en base a la cual argumentaron que los depositantes del TCB podían ser considerados o no ahorristas del Banco Montevideo y por lo tanto tendrían la chance de que se les devolvieran sus depósitos.

Los abogados Carlos Balsa, Tomás Brause y Augusto Durán Martínez declararon el 30 de noviembre por primera vez con el abogado que los representa, Amadeo Otatti.

La denuncia fue presentada por el abogado Víctor de la Valle, en representación de 200 depositantes en el TCB cuyos casos fueron rechazados por la comisión. Los denunciantes son los que integran el grupo liderado por la escribana Alicia Barbani.

La comisión que asesoró al BCU opinó que sólo a 17 de 1.200 ahorristas del TCB se les debían devolver sus depósitos en el entendido de que sólo en esos casos fueron engañados por el ex Banco Montevideo.

VERSIONES. Los denunciantes propusieron como testigos a los diputados Víctor Rossi y Julio Cardozo, y el ex canciller y depositante del TCB, Héctor Gros Espiell.

En tanto, la defensa pidió que declararan varios funcionarios jerárquicos del BCU para que explicaran el funcionamiento de la comisión.

Los ahorristas declararon ante la justicia que mientras que los fundamentos eran los mismos en todos los casos, a los representados por De la Valle la comisión los rechazó y a algunos ex funcionarios del banco los admitió como ahorristas.

Los denunciantes declararon que el argumento que se les dio es que debían conocer lo que era el TCB, mientras que en el caso de los ex funcionarios no lo consideraron necesario.

También mencionaron que el único caso de los comprendidos por ese grupo que la comisión avaló como ahorrista, fue el de una persona que no figuraba como depositante.

Alegaron que la titular de la cuenta era una señora con su hija, a las que en un principio se les rechazó su planteo.

Sin embargo, meses después se presentó el cónyuge de la mujer, alegando la muerte de un hijo y la comisión hizo lugar al planteo.

Por su parte, los denunciados sostuvieron ante la sede penal que la comisión que integraban, como asesora, no tenía facultad de decisión sino de opinión en base a las pruebas que presentaban los ahorristas y que el que tomaba las decisiones era el mismo Banco Central.

Balsa, Brause y Durán Martínez explicaron al juez y al fiscal que como toda resolución administrativa eran recurribles ante el propio organismo que las emitió y en su defecto ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). De hecho —señalaron— así actuaron numerosos depositantes del TCB que no fueron comprendidos.

El grupo de ahorristas que tenía sus depósitos en el TCB denunció al gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, por la violación al derecho a la propiedad, como consecuencia de actos emanados del Banco Central, Ministerio de Economía y del Poder Ejecutivo. Viajarán el abogado Víctor De la Valle, Alicia Barbani y el diputado Julio Cardozo.