La administración de Tabaré Vázquez no ha protagonizado "hechos concretos contra la libertad de prensa" pero sí se han producido en los últimos meses algunos actos de hostigamiento verbal por parte de integrantes del Poder Ejecutivo, según se desprende del informe sobre Uruguay presentado y aprobado en la última asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Allí se menciona la "preocupante" asociación del gobierno uruguayo a la cadena televisiva Telesur, y el "discriminatorio" gravamen que aplicó la empresa Buquebus al diario El País para transportar la publicación a bordo de sus barcos.

El informe recuerda que Vázquez declaró el 8 de junio pasado que su gobierno carece de todo interés por influir en la prensa y que se comprometió a asegurar "la más amplia libertad de expresión".

De todos modos, denuncia que algunos miembros del Poder Ejecutivo han hostigado "con virulencia" a la prensa. En concreto, la SIP señala que el senador socialista José Korzeniak ha sido un "personaje paradigmático" en la materia: "Consiguió que el Senado se reuniera para denostar a medios y periodistas".

El legislador realizó una exposición en mayo pasado sobre "los ataques del semanario Búsqueda" contra su persona por un editorial y dos artículos publicados. Korzeniak dijo que esa publicación "trabaja para la derecha" y para "los partidos tradicionales".

Según la SIP, la "nota preocupante" del período es la asociación de Uruguay a Telesur, creada por el gobierno de Venezuela. "Uruguay tiene sólo el 10% de las acciones de Telesur, pero el hecho de estar asociado en ese emprendimiento con dos gobiernos enemigos de la libertad de expresión, como son los de Venezuela y Cuba (...), es lo que genera inquietud en el país", resume el informe.

DISCRIMINACION. Entre las situaciones "negativas" provenientes del sector privado, la SIP destaca el caso de Buquebus.

El 4 de octubre pasado, El País denunció que la empresa decidió aplicar "un gravamen absolutamente discriminatorio" para transportar la publicación a bordo de sus barcos, lo que obligó a cesar la relación contractual con la compañía.

"La empresa naviera, cuyo propietario cofinanció la campaña electoral del presidente Tabaré Vázquez, ha sido denunciada en El País y en otros medios de comunicación como deudora del Estado uruguayo. Los directivos de El País creen que tanto el gravamen discriminatorio para el transporte de los diarios a Buenos Aires como el retiro de toda su publicidad en el diario, obedecen a una actitud de represalia de López Mena a raíz de los artículos críticos publicados, que denunciaron las vinculaciones del empresario con el gobierno", afirma la SIP.

El informe también menciona el caso del programa televisivo Lanata.uy, conducido por el periodista Jorge Lanata, que fue "levantado" del aire en canal 12. Se indica que Lanata recibió presiones a raíz de la emisión del ciclo "Intocables", en el que se denunciaban casos de presunta corrupción.

El periodista argentino dijo en su momento que la decisión del canal afectó la posibilidad de "hacer periodismo independiente" en la televisión uruguaya. La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) denunció el caso como "uno de los hechos más groseros de censura contra periodistas ocurridos desde el retorno a la democracia en 1985". El canal, sin embargo, dijo que el cese del programa fue dispuesto de "común acuerdo" entre Lanata, su producción y las autoridades de la emisora, y que los motivos fueron exclusivamente económicos.

La SIP también menciona la polémica provocada por despidos en el canal de televisión por cable TV Libre. Y alude al caso del periodista Marcelo Borrat, co-conductor del programa Juramento Hipocrático que se emite por la emisora radial AM Libre, del grupo mediático dirigido por el empresario Federico Fasano.

Borrat fue víctima de "la más grosera y directa censura" cuando "fue cortado" por su empleador mientras leía un comunicado del sindicato de los periodistas de TV Libre, que estaban en conflicto con Fasano por razones salariales, según afirmó la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) y que recogió el informe.

En la justicia

SENTENCIAS

El informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) indica que en los últimos meses la Justicia ha dispuesto la revocación de casi todos los fallos de primera instancia "contrarios a la libertad de expresión".

SALTO

El Tribunal de Apelaciones en lo penal absolvió en forma definitiva al periodista Alberto Rodríguez Díaz. Un fiscal de Salto había pedido 10 meses de prisión por el delito de "difamación" en contra de un funcionario, luego de que el reportero criticara en el diario El Pueblo la gestión del director del zoológico municipal, por la fuga y posterior muerte de un jaguar.

PAYSANDU

El mismo tribunal revocó un fallo que había condenado al periodista Carlos Dogliani a cinco meses de prisión por el delito de "difamación", luego de publicar informaciones y opiniones críticas sobre decisiones de la intendencia de Paysandú. En tanto, una sentencia de segunda instancia amparó al periodista José Balbis del diario El Telégrafo del mismo departamento, liberándolo de responsabilidad en un juicio por "injurias" que le habían iniciado ex dirigentes de la liga de fútbol local.

SAN JOSE

Otra sentencia de segunda instancia absolvió a los periodistas Susana Tomás y Raúl Laguna, del programa de televisión "Agendiario", que se emite en un canal de Villa Rodríguez, quienes habían sido condenados a pagar una indemnización a personas ofendidas por declaraciones de una mujer.

DURAZNO

Un juez de Durazno absolvió a los periodistas Dino Capelli y Carlos Román Fernández, del diario local "El Acontecer", luego de haber sido demandados penalmente como presuntos responsables de los delitos de "difamación" e "injurias" por los directivos de la principal cooperativa de viviendas de la ciudad.