Estado podría perder unos U$S 600 millones por juicios

El Estado enfrenta juicios por unos 600 millones de dólares, según datos relevados por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC). El dato fue manejado por el ministro interino de Educación, Felipe Michelini, al comparecer en la Comisión de Legislación y Constitución de Diputados para fundamentar la creación de una unidad especializada dentro de la cartera que coordine la defensa del Estado frente a demandantes.

Hay más de dos mil juicios pendientes que se arrastran, en algunos casos, desde hace más de una década. A modo de ejemplo, entre las demandas se cuenta la de los ex socios del Banco Comercial que obligaría al Estado uruguayo a pagar una suma superior a los 100 millones de dólares.

El diputado Edgardo Ortuño (Vertiente Artiguista, EP–FA–NM) defendió la iniciativa del MEC argumentando que este organismo permitirá "superar el caos y la desarticulación que existe entre los distintos servicios jurídicos del Estado". Por su parte el diputado Alvaro Lorenzo (Partido Nacional) se mostró concordante con la iniciativa, aunque opinó que la misma es "una solución a medio camino". Durante el debate Lorenzo planteó la posibilidad de crear un Ministerio de Justicia que, entre otros cometidos, tuviera el de la defensa del Estado. "Los pasos que está planteando el Ministerio de Educación y Cultura son positivos, creemos que esto es un avance aunque se queda a mitad de camino por no adoptar una solución de fondo como la de crear un Ministerio de Justicia", opinó el legislador nacionalista.

ESTADO A JUICIO. La creación de la Dirección de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales está prevista en el artículo 201 del proyecto de ley presupuestal, en el inciso correspondiente al Ministerio de Educación.

Entre los cometidos que se le confieren al organismo está el de "relevar la situación del Estado en materia de juicios en que éste sea actor o demandado", "estudiar la normativa vigente" y realizar "sugerencias de ajustes normativos", y "evacuar las consultas que le requieran los distintos organismos".

A nivel oficial se maneja el nombre de la doctora Mariana Gula para ser designada como directora del organismo, tras aprobarse el artículo en la ley presupuestal.

Para fundamentar la necesidad de crear esta dirección que unificaría los servicios de asesoría jurídica de todos los organismos públicos, el MEC realizó un relevamiento de todos los juicios pendientes de resolución. En caso de que el Estado perdiera todas estas demandas se vería en la obligación de pagar a los demandantes la friolera de 600 millones de dólares. "Esto equivale a seis planes de emergencia", ilustró el diputado oficialista Ortuño para dar una dimensión de la pérdida para el país.

RESPONSABILIDADES. De manera complementaria a esta disposición presupuestal, el diputado Ortuño se propone enviar un proyecto de ley que reglamente el Artículo 25 de la Constitución de la República, que establece la posibilidad de "exigir responsabilidad económica" a funcionarios y jerarcas públicos que ocasionen daños y perjuicios al Estado.

"En la legislatura anterior habíamos presentado un proyecto similar que no llegó a prosperar y al que le haremos algunas modificaciones para coincidir con las atribuciones propuestas por la ley presupuestal", explicó Ortuño. El proyecto confería al Ministerio Público y Fiscal la facultad de exigir estas responsabilidades e iniciar acciones contra funcionarios que, por acciones dolosas o negligencias, causaran daño al Estado. El mismo proyecto será presentado ahora con la variante de facultar a la futura Dirección de Asuntos Constitucionales para realizar estas acciones. De esta manera, argumentó el legislador, se transferiría al funcionario la responsabilidad sobre la que deberá responder de su propio pecunio.

"Estamos en una situación de mucha ineficiencia en esta materia, hay como una desidia en los defensores del Estado y a veces ni los propios jerarcas de los organismos saben que se enfrentan a un juicio", observó la diputada Daisy Tourné.

La legisladora opinó que esta situación obedece a una visión generalizada en la sociedad: "Es algo muy común el escuchar que si paga el Estado no importa, es como si la plata viniera del cielo".