Presupuesto apuesta al crecimiento para llegar a las metas propuestas

La estrategia del gobierno en el Presupuesto Quinquenal aparece atravesada por dos ideas centrales: el equilibrio de las cuentas fiscales y el premio al ahorro, no como acumulación de valores sino bajo el concepto de "herramienta de promoción de un mejor gasto". Por detrás de estas premisas aparecen —como lo expresa la propia Exposición de Motivos del proyecto— los compromisos asumidos con los organismos multilaterales de crédito.

Pero, más allá de los enunciados, la ley presupuestal entraña algunos cambios llamativos, sobre todo en lo referido a la concentración de organismos de contralor que se crean a nivel de la Presidencia de la República. La transferencia al dominio presidencial de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) es un ejemplo de ello. La normativa crea, asimismo, varios cargos de asesores directos del Presidente, un cargo de Coordinador Nacional de los Servicios de Inteligencia del Estado, la institucionalización del aparato de seguridad personal del primer mandatario.

En materia de asignación de rubros los más privilegiados resultan los del área de la educación, seguridad pública, obras públicas y salud, con la reforma implícita que se encamina hacia la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, el proyecto más ambicioso de la estrategia gubernamental para el quinquenio.

También se establecen algunas iniciativas novedosas, tales como la habilitación para la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) para asociarse con privados en la explotación del medio de transporte comercial y de carga.

En las disposiciones referidas a los funcionarios públicos, particularmente los de la Administración Central, se establece el mecanismo del retiro incentivado para aquellos que hayan cumplido 58 años de edad al 31 de diciembre del corriente año.

El articulado presupuestal es precedido por un extenso análisis de la realidad socioeconómica que, de algún modo, justifica las limitaciones que reconoce el Ejecutivo para la aplicación de su programa de gobierno.

PUNTO DE PARTIDA. En su exposición del pasado 3 de agosto, durante el Consejo de Ministros celebrado en Pando, el ministro Danilo Astori manejó los conceptos centrales expresados en la Exposición de Motivos del articulado.

"En primer término, hay que señalar que el gobierno heredó un fortísimo endeudamiento público, el más agudo de la historia del país, lo que —por esta razón— supone también una gran dependencia respecto a las condiciones de los organismos multilaterales de crédito", señala el informe preliminar.

El impacto de la crisis es expresado en sus términos más dramáticos: "En 2004, más de un millón de personas —esto es, casi la tercera parte de la población— vivían por debajo de la línea de pobreza, mientras que también se registró un severo incremento de la indigencia, que se triplicó entre 1999 y 2004, alcanzando a más de 100 mil uruguayos".

Entre los elementos reseñados en el cuadro está el desempleo, con una cifra absoluta de 160 mil desocupados, la subocupación y la desvalorización del empleo, el fuerte proceso migratorio registrado entre 1996 y 2004, entre otros que configura la ruptura del tejido social.

La inversión productiva es el camino privilegiado por el Ejecutivo para superar la etapa crítica. "Uruguay necesita que haya cada vez más gente que confíe en que vale la pena invertir aquí, generando empleo de buena calidad y mejor calidad de vida para tantos uruguayos y uruguayas que lo necesitan", señala el informe.

PRIORIDADES. El área de educación, verdadero punto de inflexión en la crisis que superó el gobierno durante la jornada del miércoles, recibe una dotación equivalente al 4,5% del Produto Interno Bruto. En las metas que la ley presupuestaria se propone alcanzar en esta área está la de alcanzar un incremento del 47% en los créditos otorgados a la Administración Nacinonal de Enseñanza Pública y a la Universidad de la República. Asimismo se establece que "la masa salarial de dichos organismos aumentará un 38 por ciento en términos reales".

Pero uno de los capítulos más ambiciosos del plan gubernamental es la creación del denominado Sistema Nacional Integrado de Salud y el Seguro Nacional de Salud. Este último, plantea el proyecto, será "articulado sobre la integración de los recursos que se vuelcan al financiamiento del sistema en un único fondo que absorba las contribuciones de orígenes público y privado".

La seguridad pública, en la órbita del Ministerio del Interior, es otro de los incisos privilegiados en el plan presupuestal. En términos generales se señala como meta la mayor profesionalización de la Policía, la mejora en los niveles de eficiencia y el combate a todas las formas de crimen organizado como misión central del instituto policial. "En materia de recursos humanos —expresa el proyecto— se plantea como objetivo la dignificación de los integrantes del Instituto Policial mediante la adecuación de las políticas de bienestar social y el respeto a las formas objetivas de ingreso y ascenso en la carrera funcional".

Por último, en materia de obra pública, se propone principalmente un fuerte impulso al desarrollo portuario, al transporte fluvial y a obras en la red vial de todo el territorio.

La ley presupuestal, en el inciso referido a Presidencia de la República, prevé la creación del Servicio de Seguridad Presidencial. El organismo que tiene el cometido de la custodia del primer mandatario, dependerá directamente del prosecretario de Presidencia —concretamente, el licenciado Jorge Vázquez— que se proveerá tanto con personal policial como civil, siempre que cumplan con requisitos que deberán reglamentarse.

En este sentido, el articulado establece que "La Presidencia de la República asignará al personal del Servicio de Seguridad Presidencial, en base a pautas objetivas y a las responsabilidades a reglamentar, una compensación especial mensual por las tareas a desempeñar".

Otra innovación que la ley plantea en este mismo inciso es la transferencia a su órbita de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), que "funcionará en el ámbito de la Secretaría de la Presidencia y actuará con autonomía técnica".

Para los cargos jerárquicos de este organismo se establece expresamente la siguiente escala de sueldos nominales: para el cargo de Gerente General, $ 75.765; Gerente de División, Secretario General y Asesor Jefe, $ 63.979 y para Jefe de Area y Jefe de Departamento, $ 47.059.

En el apartado del Ministerio de Economía, referido a la Dirección Nacional de Aduanas, se faculta al organismo para contratar a 70 pasantes que podrán acceder al puesto a través de un concurso de oposición y mérito abierto.

El carácter de las rendiciones anuales de cuentas es también objeto de modificaciones en la ley presupuestal. El Ejecutivo plantea dicho cambio como una de las principales innovaciones en la materia, respecto a las rendiciones de las administraciones anteriores.

En el informe preliminar se establece la intención de que este cambio contribuya a "mejorar la gestión pública a todo nivel". En tal sentido, se expresa que las rendiciones de cuentas "además de revisar la ejecución presupuestal del año precedente, serán concebidas como oportunidades para corregir errores y superar vacíos que se vayan detectando en el presupuesto quinquenal".

Seguidamente se explica que, por esta vía, "no se reiterarán aquellas experiencias del pasado, en las que las rendiciones de cuentas abrían toda una nueva discusión presupuestal, desvirtuando por completo el régimen quinquenal en la materia, al tiempo de abrir la puerta a conductas reñidas con la responsabilidad fiscal". No obstante, de inmediato se aclara que ello no supone "cerrar toda posibilidad de discusión presupuestal" y argumenta: "Nadie puede asegurar, ni mucho menos garantizar, que no cometerá errores durante un período de cinco años. Tampoco es posible prever con exactitud la evolución de la economía y la sociedad".