Tribunal de Cuentas estudia venta del NBC y concesión a Buquebús

| El gobierno se apresta a renovar la concesión de la terminal de Buquebus por diez años

El Tribunal de Cuentas de la República (TCR) resolvió intervenir por iniciativa propia y solicitar información al Poder Ejecutivo sobre la renovación de la concesión de la terminal de pasajeros del puerto de Montevideo a Buquebus (Los Cipreses S.A.) y la venta del Nuevo Banco Comercial (NBC), dijeron a El País fuentes oficiales.

A pesar de que no se le ha solicitado el ejercicio de su función de contralor en ninguno de los dos casos, los responsables del organismo están implementando una serie de pedidos de información a los ministerios de Transporte y Obras Públicas y de Economía y Finanzas, a fin de determinar las condiciones en que se están realizando esas operaciones, explicaron los informantes.

El MTOP se apresta a firmar en estos días la renovación de la concesión de la terminal portuaria a Buquebus por diez años, lo que ha despertado la resistencia de la oposición en el Parlamento. A su vez, el fondo de inversión internacional Advent está en tratativas para comprar el Nuevo Banco Comercial, en una operación que tiene el asesoramiento del grupo Ficuscapital —que integra el ex vicepresidente y gerente general del NBC, Paul Elberse— en la presentación de la oferta.

Ambas actividades están bajo la lupa del TCR, cuyos integrantes estudiarán si son ventajosas para el Estado uruguayo, las condiciones de los respectivos negocios, y si se cumplen todos los requisitos legales porque en los dos casos se trata de "patrimonio del Estado", subrayaron los informantes.

Más allá de los cuestionamientos públicos que se han formulado en los ambientes políticos para la concesión a Buquebus de la terminal portuaria, y sin hacer juicios de valor previos al análisis de la documentación, en el TCR se ha considerado que en la ley de Puertos se establece con precisión la necesidad de "resguardar las contrataciones" permitiendo "el más amplio concurso de los interesados" y poner a salvo la "transparencia" en el desempeño de la gestión por parte de los privados.

Uno de los reclamos que ha hecho el Partido Nacional es, coincidentemente, el pedido de un llamado público a oferentes para la renovación de la concesión de la terminal portuaria montevideana en las mismas condiciones que se pidió a Buquebus para la renovación.

Los informantes recordaron que en mayo de este año el TCR emitió una resolución en la que establece que para "aprobar, modificar o rescindir concesiones" como la mencionada, se deben remitir los antecedentes para el estudio del organismo, algo que, hasta ayer, no había ocurrido.

Además, se recordó que semanas atrás, cuando se llevó a cabo la rescisión de la concesión a la empresa Consorcio Ruta Uno que dispuso el MTOP, se hizo efectivamente como lo dispone el Tribunal de Cuentas, que analizó toda la información disponible y se pronunció al respecto.

AUDITORIAS. Asimismo, fuentes del TCR dejaron ver su malestar cuando tomaron conocimiento de que la Auditoría Interna de la Nación (AIN) llevó a cabo controles de gestión en cinco administraciones departamentales a lo largo del pasado mes de julio.

Se trata de las intendencias de Florida, Treinta y Tres, Maldonado, Rocha y Canelones, donde se han llevado a cabo esos estudios sin que mediara una norma legal expresa que lo autorizara.

La AIN no tiene competencias legales para ello, se recordó.

Los resultados de esas auditorías se conocerán durante el mes de setiembre según se informó a El País. Actualmente se está en proceso de consulta con las intendencias que estan respondiendo a los informes que elevó la Auditoría en vista.

Primeras auditorías sin denuncias a la justicia

Esta semana la Auditoría Interna de la Nación (AIN) dará a conocer los resultados de las auditorías realizadas a varios organismos durante el primer semestre del año.

Los resultados contienen recomendaciones para mejorar el control interno de varios de esos organismos pero no se ordena ningún pase a la justicia penal.

Según dijeron a El País fuentes de la AIN, no se encontraron graves irregularidades que ameritaran que se diera cuenta a la justicia.

En muchos casos lo que se hizo fue ratificar recomendaciones realizadas por las anteriores autoridades del organismo de contralor.

Los organismos comprendidos son la Dirección Nacional de Policía Caminera, la Comisión de Apoyo de ASSE, la Dirección Nacional de Cárceles, el Ministerio de Deporte, Presidencia de la República, la Biblioteca Nacional, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Turismo, y el programa Mecaep del Codicen.

Al asumir el nuevo gobierno, varios organismos estatales han solicitado intervención a la Auditoría Interna de la Nación.

Durante la campaña electoral, uno de los anuncios recurrentes del presidente Tabare Vázquez había sido como primera medida la instrumentación de auditorías.

"De entrada, lo primero que vamos a hacer, es una auditoría en cada uno de los ministerios que hoy tiene el país, en cada uno de los entes autónomos y servicios descentralizados, en el propio Poder Ejecutivo y en Presidencia de la República, y cuando comprobemos que metieron la mano en la lata, van a ir presos", había dicho.

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