Dispusieron aumento a públicos

El Poder Ejecutivo dispuso —a través de un decreto— un incremento salarial adicional para los funcionarios de la administración central que cobran menos de 13.000 pesos nominales, retroactivo al pasado 1º de julio. Para eso, habilitó una partida de hasta 150 millones de pesos para lo que resta del año y el próximo.

Tal cual había acordado el gobierno con la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), hace algunos días se firmó el decreto que otorga un incremento adicional al aumento de 2,5% para todos los funcionarios públicos.

Se habilita así una partida total anual, que se financiará con cargo a rentas generales: hasta 50 millones de pesos para el ejercicio 2005 y hasta cien millones de pesos a partir del ejercicio 2006.

La partida será distribuida entre los funcionarios del inciso 2 al 15 (excepto los pertenecientes al escalafón L "policial" y K "militar"), los funcionarios de los incisos 17 al 19 (Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, y Tribunal de lo Contencioso Administrativo), y 27 (Instituto del Niñez y de la Adolescencia del Uruguay), que perciben una retribución mensual nominal por todo concepto menor o igual a 13.000 pesos.

Unos 25.000 funcionarios pasarán a cobrar el incremento, de acuerdo a los cálculos del gobierno.

"La distribución del incremento autorizado se realizará de forma igualitaria entre los funcionarios presupuestados y contratados de los incisos mencionados, siempre que la totalidad de sus retribuciones nominales fuera menor o igual a 13.000 pesos", establece el decreto. El incremento no integrará el sueldo básico y no se tendrá en cuenta para ajustar ningún tipo de retribución.

Quedarán excluidos del aumento los becarios, pasantes y contratos a término, así como los funcionarios pertenecientes a los organismos del artículo 220 de la Constitución.

Después de varias idas y vueltas, el gobierno acordó con COFE a comienzos de julio la posibilidad de otorgar el complemento al ajuste salarial dispuesto oportunamente, "contemplando una partida adicional" distribuida entre los funcionarios públicos que reciben retribuciones más bajas. Eso respondía a una aspiración del gremio de levantar los sueldos sumergidos.

Inicialmente el Poder Ejecutivo había planteado redistribuir una partida que se otorga actualmente a los trabajadores de la administración central y se denominada "de mayor responsabilidad". Sin embargo, esta posibilidad afectaba los sueldos de muchos funcionarios y por eso se decidió aplicar el aumento con una partida extraordinaria.