Obstáculo inesperado para la política azucarera oficial

La política oficial de desarrollo del sector azucarero —cuya innovación principal será la producción de alcohol combustible en base a caña de azúcar— deberá sortear un obstáculo inesperado, porque Calnú, buque insignia del proceso, está en el centro de una investigación de la Aduana por una presunta evasión de impuestos a la importación de materia prima, aunque la misma fue negada tajantemente por la empresa.

El viernes 19 de agosto la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) llevó a cabo un procedimiento en las instalaciones de Calnú en Bella Unión de la que retiró muestras de azúcar en busca de pruebas de un posible ilícito. Según una denuncia la empresa importa azúcar altamente refinado —cuyo arancel de ingreso al país es de 35%—como si fuese materia cruda para refinar, cuya importación esta exenta de gravámenes.

El caso está en pleno proceso de investigación, ya que se están procurando las pruebas para establecer claramente si la maniobra existe y en caso de que así sea desde cuándo se practica. Fuentes de Aduanas en la frontera dijeron a El País que no hay mercadería interdicta, vehículos detenidos o personas denunciadas por el presunto ilícito.

En tanto, fuentes de la anterior administración de la DNA confirmaron a El País que durante la gestión pasada se realizaron investigaciones sobre todas las empresas del sector para determinar si estaban comercializando para el consumo azúcar que había sido declarada como para refinar.

El gobierno prepara una nueva ley sucro-alcoholera que destina parte de los recursos generados por el fondo de reconversión azucarera para financiar la siembra de 1.500 hectáreas nuevas de caña de azúcar en la zona de Bella Unión, en terrenos de Calnú. La iniciativa fue anunciada por el propio presidente Tabaré Vázquez en una reunión que mantuvo con representantes de la empresa el pasado 27 de julio y ratificada en el Consejo de Ministros que se celebró en Bella Unión en junio.

Fuentes del gobierno dijeron a El País que el ministro José Mujica está muy molesto con la situación porque él mismo había otorgado todo su respaldo a la cooperativa para que cumpliera un rol relevante en la nueva política azucarera.

El 9 de julio el presidente Vázquez firmó un decreto concediendo un préstamo de U$S 600 mil a Calnú para financiar el mantenimiento de la planta industrial "para poder seguir su operación sin riesgos para sus operarios y sin sobrecostos indeseables".

NEGATIVA. Por su parte, el presidente de Calnú, Enrique Yemini, negó terminantemente a El País que la empresa haya importado azúcar refinado y "mucho menos denunciarla como cruda".

Yemini cargó sus baterías contra la otra agroindustria azucarera (Azucarlito), acusándola de que "quiere poner todas las trabas posibles para que el gobierno cumpla con su compromiso moral de que el Uruguay consuma azúcar elaborada con materia prima nacional".

Sin negar el operativo llevado adelante por la Aduana, sostuvo que la denuncia "es un acto de irresponsabilidad de gente que quiere que Bella Unión caiga en un caos social peor que el actual. Pretenden que el ingreso lo tengan pocas familias en desmedro de toda una población".

El presidente de Calnú también afirmó que la empresa mantiene "un diálogo permanente" con el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y reafirmó que "la gran lucha de la cooperativa es lograr que se produzca con materia prima nacional. Sería una incoherencia que Calnú pusiera en riesgo la única fuente laboral. Si algún directivo pensó en traer azúcar crudo como refinado, tendría que ir preso durante todo lo que le resta de vida", sentenció molesto.

A todo esto, trabajadores y directivos de Calnú llegaron ayer a un acuerdo en torno al conflicto sindical que se venía desarrollando y desocupó la planta de la empresa.

Ancap no tiene claro todavía si la planta de destilación de alcohol en base a caña de azúcar que construirá en el marco de la política azucarera del gobierno, se ubicará en las cercanías de Bella Unión o de Paysandú y se apresta a tomar una decisión en los próximos días en base a criterios técnicos, desvinculados de la coyuntura de Calnú, aseguraron a El País fuentes de la empresa pública.

Ambos posibles emplazamientos ofrecen ventajas. En Paysandú Ancap cuenta con gas natural que podría alimentar la planta, campos de su propiedad donde podría plantar sorgo para utilizar como materia prima en la instalación y tiene cerca una planta de distribución de combustibles. Si la torre de destilación se construyera en Paysandú las inversiones a realizar serían menores porque Ancap ya cuenta allí con un adecuado nivel de suministro de electricidad, calderas y tanques. La construcción de la planta se calcula que costará U$S 2 millones aunque algunas cotizaciones que ha recibido Ancap abaten esa cifra un poco. Pero, por otro lado, Bella Unión ofrece la ventaja de la cercanía a las plantaciones con lo que se reducirían fuertemente los costos de flete.

Una posibilidad intermedia sería, para ahorrar en fletes, realizar una tarea de preprocesado de la caña en Bella Unión y luego trasladarla a Paysandú.

La intención de Ancap es mezclar el alcohol con combustible al comienzo en porcentajes bajos de entre 2 y 5%. Se calcula que, sin necesidad de que el propietario del vehículo que utilice alcohol cambie los motores de su unidad, se puede incorporar hasta un 25%.