Analizan marco legal del anillo energético

Técnicos de Argentina, Brasil, Chile, Perú, Bolivia y Uruguay comenzaron ayer en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Montevideo el análisis de los aspectos institucionales y jurídicos que tendría la construcción del denominado "anillo energético", el megaproyecto que traería gas natural desde Perú vía Chile y Argentina a Brasil y Uruguay. Fuentes técnicas dijeron a El País que ayer se trabajó en la elaboración de propuestas relativas al libre acceso al gas natural, solución de controversias entre países y empresas participantes y transporte del fluido. Los técnicos elevarán informes a los ministros de Industria de los países involucrados que se reunirán el lunes y el martes en Montevideo para seguir avanzando en la viabilidad técnica de la iniciativa.

Las fuentes señalaron que a Uruguay le sigue interesando el proyecto más allá de que se compruebe que en su mar territorial tiene volúmenes importantes de gas natural, porque conviene contar con diversidad de orígenes para el energético.

En su comparecencia el miércoles ante la Comisión de Industria y Energía de la Cámara de Senadores el ministro de Industria, Jorge Lepra, señaló que el Banco Mundial al igual que el Banco Interamericano de Desarrollo ha manifestado interés en financiar el proyecto.

Las fuentes indicaron que el "anillo" sería en realidad un conjunto de gasoductos que incluiría algunos ya existentes.

A priori, la extensión de la obra sería de 1.200 kilómetros y se calcula que su costo será de U$S 2.500 millones y que insumiría unos 2 años. Los accionistas del yacimiento dan prioridad a abastecer de gas natural licuado a México y a Estados Unidos e incluso Hunt Oil —uno de ellos— ha mostrado dudas con respecto a si las reservas de Camisea serán suficientes para el anillo.

El nuevo presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Ramiro Suárez dijo que el proyecto "no es serio" y que fue pergeñado por Argentina y Chile "para distraer".