Declaró militar de Inteligencia por Berríos

El coronel Leonardo García, que se desempeñaba en el servicio de inteligencia militar cuando el químico chileno Eugenio Berríos fue asesinado en Uruguay, declaró ayer ante el juez de Pando, Pedro Salazar y la fiscal Nancy Hagoopian.

El militar declaró por espacio de una hora en la sede a cargo de Salazar al final del día, fuera del horario del juzgado. El juez lo citó a esa hora para evitar que trascendiera a la prensa.

En tanto, el jueves lo hará el general Pedro Barneix y el viernes está citado un tercer militar, pero es probable que presente su testimonio al juez por escrito.

Según pudo saber El País, al declarar ayer, García dijo que nada supo en aquel momento de la presencia de Berríos en Uruguay y que se enteró de los hechos tiempo después por la prensa.

La fiscal del caso pidió hace un año el archivo del mismopor entender que no hay pruebas de que militares uruguayos hayan participado del asesinato de Berríos. Pero antes de resolver, el juez quiere contar con el testimonio de varios militares que en aquel momento desempeñaban cargos jerárquicos.

El año pasado declaró en Pando el general retirado Oscar Pereira, que afirmó que desconoce quién mató al químico chileno y que los tres militares Tomás Casella, Wellington Sarli y Eduardo Radaelli no tuvieron nada que ver en el hecho. Sobre estos militares recayó la decisión de extraditarlos a Chile por el mismo caso. Actualmente la solicitud está a estudio de la Suprema Corte de Justicia.

Consultado sobre si los altos mandos estarían informados de lo que ocurrió en aquel momento, dijo: "No voy a dar nombres, los mandos siempre tienen información de lo que hacen sus subalternos".

El juez Mirabal, que habilitó la extradición de los militares uruguayos dijo que "la llamada Inteligencia Uruguaya, estaba en perfecto conocimiento del proceder de su similar chilena, y de que existieron acuerdos sobre la modalidad en que Berríos debía ser controlado a fin de no afectar relaciones de seguridad nacional".

El abogado Amadeo Otatti, defensor de los militares, sostiene entre otros argumentos que el delito prescribió y que los delitos cometidos en el país de refugio no habilitan la extradición.

Berríos llegó a Montevideo en octubre de 1991. El 13 de abril de 1995 fueron hallados sus restos en El Pinar. Se confirmó que habría muerto entre abril y enero de 1993.