Militares admiten que la tortura fue la causa de muerte de los detenidos

El Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, admitieron que la tortura fue la causa de la muerte de la mayoría de los 26 ciudadanos desaparecidos durante la dictadura y que en algunos casos los cuerpos fueron enterrados con cal, para intentar eliminar las pruebas. Otros fueron incinerados en hornos precarios y molidos, para ser esparcidos en el Batallón 14.

Sólo dos ejecuciones directas reconoce el Ejército al describir la muerte de la maestra Elena Quinteros y de María Claudia García de Gelman, ambas en 1976.

También revelaron que 2 de los 22 casos que investigó murieron en el Hospital Militar. Uno de ellos fue Eduardo Pérez, que fue enterrado en el Cementerio del Norte.

La llamada Operación Zanahoria fue oficializada por el Ejército, al subrayar que los detenidos asesinados fueron sepultados en predios militares y que sus restos fueron desenterrados en 1984 y luego cremados y triturados. Confirmó que no todos los cuerpos pudieron ser desenterrados, porque la Operación Zanahoria no pudo ser completada.

Las precisiones están contenidas en los informes individuales que los tres comandantes en jefe le entregaron al presidente Tabaré Vázquez.

SOLDADOS. Una serie de valoraciones políticas realizó el comandante en jefe del Ejército, Angel Bertolotti, en la introducción del informe.

En el texto, el militar reconoce el esfuerzo que significó para la fuerza llevar adelante la investigación interna sobre el destino de los desaparecidos y aseveró que la indagatoria "lógicamente afectó a la institución, a sus integrantes, a la corporación en su conjunto y también al mando. Como cuadra a nuestro honor y juramento de soldados, hemos trabajado con lealtad, equilibrio y en silencio. Creemos haber actuado en forma reflexiva y ponderada, sustrayéndonos a la subjetividad de los perfiles personales de cada uno de los actos. Ese matiz no hubiera contribuido al resultado buscado en este proceso que hoy estamos clausurando y nos hubiera desviado de los superiores objetivos que nos animan".

Indica que los Centros Operativos de Detención actuaban con autonomía y que la Justicia conocía los hechos luego que los militares habían obtenido información por parte de los detenidos.

"Cuando un detenido fallecía antes, durante o después de los interrogatorios, no se daba intervención a la Justicia, y en algunos casos se le comunicaba que se había producido una fuga, lo que determinaba un comunicado solicitando su detención, habiendo el ciudadano fallecido con anterioridad. En algunos casos únicamente se emitía un comunicado solicitando su requisitoria para ocultar su fallecimiento", afirmó.

VUELOS. Entretanto, el comandante de la Fuerza Aérea, Enrique Bonelli confirmó la existencia de dos vuelos clandestinos en 1976, que transportaron detenidos desde el Aeropuerto Jorge Newbery de Argentina al Aeropuerto Internacional de Carrasco.

"Estas operaciones aérea fueron ordenadas por el Comando General de la Fuerza Aérea a solicitud del Servicio de Información de Defensa y coordinadas por ese servicio", expresa. Agrega que las tripulaciones involucradas "recibieron las órdenes del destino de la misión luego de haber decolado a efectos de cumplir con el traslado de los detenidos (...)". Da cuenta además del destino de los desaparecidos José Arpino Vega y Ubagesner Chavez Sosa, en la base Boisso Lanza, en 1974 y 1976 respectivamente. Bonelli admitió también que ante la muerte de los detenidos, "se procedió a montar un operativo simulando su fuga y sepultando con cal el cadáver" en chacras de Pando.

TORTURA. A diferencia que las otras armas, el comandante en jefe de la Armada, Tabaré Daners, plantea en el texto una reseña general sobre la forma en que se procedía con los detenidos y remarca que la causa de la muerte era la tortura. No obstante, al no existir denuncias sobre desaparecidos en instalaciones de la fuerza no aportó información relevante.