Brasil: unas 10.000 personas manifestaron contra la corrupción

Brasilia - Unas 10.000 personas protestaron hoy en Brasilia contra la corrupción y manifestaron su solidaridad con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mientras las investigaciones en el Congreso se enmarañan todavía más con nuevos testimonios.

Con los rostros pintados con el verde y amarillo de la bandera de Brasil y emblemas del Partido de los Trabajadores (PT), fundado por Lula y ahora en el centro de los escándalos, los manifestantes se pronunciaron contra un posible juicio con fines de destitución en contra del presidente.

Eran en su mayoría estudiantes y sindicalistas que hicieron una escala frente al Ministerio de Hacienda para condenar la política económica neoliberal del gobierno, pero se plantaron en defensa de Lula y su honradez.

El presidente de la Central Unica de Trabajadores (CUT), Joao Feliciano, dijo que el acto era contra la corrupción, pero también contra el golpismo y las maniobras desestabilizadoras de la derecha, que alienta la posible destitución del presidente.

Lula es un símbolo y la relación que ha establecido durante décadas con los movimientos sociales no permite poner en duda ni su honestidad ni su historia , afirmó Feliciano en la Explanada de los Ministerios, una avenida de Brasilia en la que se asientan las sedes de todos los organismos del Estado.

Estamos aquí para pedir que la corrupción se investigue y que los culpables sean castigados, pero también para defender el mandato de Lula , apuntó el líder obrero.

Los colores verde y amarillo en los rostros de los manifestantes evocaban a los caras pintadas , estudiantes que en 1992 tomaron las calles para exigir la destitución del entonces presidente Fernando Collor de Mello, quien renunció horas antes de que el Congreso le cesara.

Ahora los caras pintadas estamos en la calle en contra de un golpe y en defensa de Lula , afirmó el presidente de la Unión Nacional de Estudiantes (UNE), Gustavo Petta.

Según el líder estudiantil, la alternativa a Lula es la vuelta de la derecha y ni los estudiantes ni los obreros de Brasil dejarán que eso ocurra .

Los manifestantes exigieron además una profunda reforma política, que establezca reglas claras y transparentes para la financiación de las campañas, asunto que está en el centro de muchas de las acusaciones contra el PT.

En el Congreso, ante al cual concluyó la marcha, la investigación se enredaba más con nuevos testimonios y la aparición de testigos insospechados.

En una interpelación al ex tesorero del Partido Laborista (PTB) Emerson Palmieri surgió nuevamente lo que se conoce como Conexión Portugal .

Palmieri admitió que en enero pasado viajó a Lisboa junto con el publicista Marcos Valerio Fernandes, vinculado a todas las denuncias contra el PT, para reunirse con directivos de Portugal Telecom y buscar soluciones a los problemas financieros del PT y el PTB.

Dijo que Fernandes le dejó fuera de la reunión y que le informó tras el encuentro que el negocio se resolvería en 20 ó 25 días y supondría unos 20 millones de reales (8,3 millones de dólares), a repartir entre ambos partidos.

Sin embargo, la operación no se concretó por razones que dijo desconocer.

La versión de Palmieri confirmó declaraciones similares del diputado Roberto Jefferson, ex presidente del PTB y principal denunciante de todas las corruptelas en torno al PT.

Ante las primeras denuncias de Jefferson sobre los vínculos del PT y Fernandes con la empresa lusa, Portugal Telecom y el publicista admitieron la reunión pero negaron que en ella se tratase de finanzas de partidos.

La compañía lusa, con inversiones por unos 1.000 millones de dólares en Brasil, dijo que la cita fue pedida por Fernandes para tratar asuntos relativos a la firma Telemig, cliente del publicista y que Portugal Telecom estaba interesada en comprar.

En otro frente la investigación, un grupo de parlamentarios viajó hoy de urgencia a Sao Paulo, para escuchar a un cambista preso por delitos financieros que asegura tener pruebas de que el PT tiene una contabilidad paralela alimentada con recursos del exterior, al menos desde 1989.

EFE