Ante las presiones que siente la administración por la falta de resultados en las excavaciones del Batallón 14, el presidente Tabaré Vázquez advirtió ayer en el Consejo de Ministros que "no pactó" con los militares para esclarecer la situación de los ciudadanos desaparecidos y que sólo procuró facilitar la labor que desarrollará la Justicia ante la diversidad de denuncias presentadas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
Vázquez dijo que su gobierno no "eludirá" las posibles extradiciones que se plantean contra militares uruguayos, porque no interferirá en la labor judicial, y subrayó que los contactos que hubo con la Suprema Corte tendieron a lograr que si se producían citaciones de los magistrados, los militares sean conducidos por sus pares.
El mandatario aseguró que "siempre" habló "con franqueza" con los mandos de las tres armas, respecto a que su actuación estaría enmarcada en el cumplimiento del artículo cuarto de la ley de Caducidad y reiteró su "confianza" respecto a la veracidad de la información que recibió el comandante en jefe del Ejército, Angel Bertolotti.
Con la intención de salirle al cruce a los comentarios de algunos dirigentes de los partidos tradicionales respecto a que ante los avances que se lograron sobre los desaparecidos debería haber algún pacto entre el gobierno y los militares, y la presión que surge desde la propia izquierda por el tema, Vázquez inició la sesión del Consejo de Ministros en Suárez con las aclaraciones hacia la interna de la administración.
También reclamó "paciencia" por la falta de hallazgos en las excavaciones y entendió que la falta de resultados se produce por diferencias de metros. En ese sentido, subrayó que "sólo se excavó el 10%" del predio donde se cree que estaría enterrada María Claudia García de Gelman.
ARMADA. Asimismo, el Poder Ejecutivo abrió ayer una segunda etapa para obtener datos sobre uruguayos desaparecidos en territorio argentino. Para ello, la Armada se comprometió a elaborar un segundo informe acerca de la participación de oficiales de esa arma en las desapariciones ocurridas en Argentina.
En el primer informe entregado al Ejecutivo, esta fuerza reconoció que en la Unidad de Fusileros Navales (Fusna) hubo apremios físicos, pero señaló que la Armada no tiene desaparecidos.
La información fue brindada ayer por el comandante en Jefe de la Armada, Tabaré Daners y por el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, luego de un encuentro que ambos mantuvieron de aproximadamente una hora.
Al abandonar el Edificio Libertad, Daners aseguró que la Armada va hacer las averiguaciones que corresponda para tratar de aclarar esos hechos.
Señaló que la Armada "no tiene desaparecidos" y que los 43 pertenencientes al Grupo de Acción Unificadora (GAU) son desaparecidos en Argentina. "No está todavía establecido si hubo o no participación de oficiales de la Armada" uruguaya, subrayó.
Consultado sobre si conminará a efectivos como al capitán de corbeta Jorge Tróccoli, quien habría comandado la represión contra el GAU, dijo que "todos podemos contribuir a solucionar esto" y la Armada "va a agotar todos los recursos para que esto se aclare en el menor tiempo posible".
OFICINA. Fernández anunció además que el Poder Ejecutivo concertó con el gobierno argentino el trabajo en la búsqueda de información de desaparecidos de nacionalidad uruguaya en territorio argentino.
Para ello se instalará una oficina en el Archivo de la Memoria de la subsecretaría de Derechos Humanos. Fernández señaló que el plan del gobierno en este tema era comenzar por tratar de completar la información sobre los detenidos desaparecidos en territorio uruguayo y que en un segundo momento lo sucedido con desaparecidos en territorio extranjero.
APREMIOS. Mientras, Daners reconoció que en el Fusna existieron torturas. "Nadie ha negado que se hayan cometido apremios físicos en el FUSNA y en otras dependencias de la Armada", dijo Daners, que en esa época estaba en esa dependencia. Al ser consultado sobre si la Armada haría un reconocimiento al respecto afirmó: "Lo estoy haciendo yo en este momento y también se hizo en el informe que se entregó a la Presidencia".
Con respecto a la colaboración de la Armada con la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) reconoció que "ha habido intercambio y en eso se está tratando de ahondar. No está registrado que se hayan hecho traslados, pero se está tratando de averiguar. No le puedo decir ni que sí ni que no", respondió.
"No hay certeza de que los traslados hayan venido hacia unidades de la Armada", señaló Daners y agregó que "no hay ningún vuelo a Buenos Aires o desde Buenos Aires, que se haya hecho con unidades de la Armada", indicó.
Consultado sobre si se entendía que había que pedir perdón, afirmó que eso lo dispondrá el Poder Ejecutivo y no las Fuerza Armadas y se retiró afirmando ante una pregunta que estaba "absolutamente de acuerdo" en que hay que dar vuelta la página. Fernández dijo respecto de pedir perdón, que por el momento el gobierno cuenta con "información fragmentaria. Una vez que se complete la primera etapa resta la información de Argentina, Chile; es prematuro pensar que va hacer el gobierno".
Orden 7777 está vigente
El Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) presentará en el mes de setiembre una denuncia penal contra el ex comandante en jefe del Ejército Gregorio Alvarez en base a la orden 7777 del Comando General del Ejército de julio de 1978, por la que asumía la responsabilidad por los delitos de violación a los derechos humanos que se comentieron en el combate a la subversión.
Serpaj trabajará con varios abogados especialistas en temas de derechos humanos para elaborar la denuncia. El abogado de Serpaj, Guillermo Paysée, explicó que ya que existe una resolución en la que las Fuerzas Armadas admiten la responsabilidad es posible iniciar acciones (El País, 22/7/2005).
Por otra parte, fuentes castrenses aseguraron a El País que esa orden aún permanece vigente, al no haber sido derogada por los mandos que sucedieron al militar retirado.
"Este Comando no permitirá fijar forma de revisionismo de lo actuado por sus integrantes durante la guerra contra la subversión y si alguna actividad reñida con los derechos humanos se le adjudica, el suscrito se responsabiliza de haber dado la primera orden en ese sentido, por su condición de jefe de Estado Mayor Conjunto en la época de referencia", señala la Orden firmada por Alvarez.
Bertolotti y la demora de hallazgos
El comandante en jefe del Ejército, Angel Bertolotti, está convencido que la información aportada por militares retirados sobre el lugar donde habrían sido enterrados los restos de García de Gelman "es buena" y que la demora en el hallazgo sólo se produce por algunas diferencias de metros cuadrados, aseguraron a El País fuentes del Comando.
En cambio, dentro de la misma fuerza algunos cargos medios y altos, comenzaron a considerar que la información brindada a Bertolotti no es certera y que todo se trataría de una operación contra la política de derechos humanos del gobierno y en particular en oposición al accionar del comandante.
Por otra parte, el general retirado Oscar Pereira —que fue segundo jefe del Batallón 14 en 1976—, dijo ayer a radio Sarandí que no se debe descartar que Bertolotti haya recibido información errónea sobre el destino de los restos de la nuera de Gelman.
Pereira sostuvo que nunca tuvo información sobre posibles enterramientos en el predio de Canelones.