Error de estrategia

EL Poder Ejecutivo resolvió, al final, lo que debió haber dispuesto desde el principio, dejando sin efecto una acción a promover ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) contra Estados Unidos por su política de subsidios al arroz, la que fue sustituida por una más prudente negociación bilateral tendiente a lograr el mismo objetivo.

Complementando los términos de un editorial anterior, es oportuno agregar que dentro de las noticias sorprendentes con que los uruguayos se despiertan cada mañana, no fue una menor enterarse por la prensa el domingo 17 de julio que en una reunión del Consejo de Ministros —el tema podía haberse resuelto normalmente dentro de un acuerdo regular semanal con el Ministerio de Relaciones Exteriores—, el Gobierno había encomendado a nuestro Representante en Ginebra que promoviera la denuncia. Se dice, además, que en Estados Unidos tomaron conocimiento de la novedad casi en el mismo momento que el resto de los uruguayos, leyendo los cables de las agencias internacionales, lo que es contrario a las normas de relacionamiento diplomático más elementales, ya que, dentro de esa área —como en muchas otras—, primero hay que negociar y luego, si fracasan las gestiones, recién poner en marcha el sistema de solución de controversias, pero no anunciar públicamente que se van a iniciar acciones sin haber intentado negociar.

FUE por lo tanto lógico que, trece días más tarde, superado el espasmo que debe haberle provocado la novedad, el Departamento de Estado de Estados Unidos dirigiera una enérgica y extensa nota al Poder Ejecutivo manifestando "su sorpresa y desaliento por no haber apelado a otros mecanismos más diplomáticos", adelantando que hubiera "preferido que se recurriera a ellos para dirimir esta diferencia comercial".

Tanto o más sorprendente que el anuncio de la acción a emprenderse fue el agregado con que se la acompañara: era la primera vez que Uruguay recurría al sistema, considerando ese hecho como "un paso histórico". Lo cual no es verdad, o es relativamente verdad, ya que en octubre del año 1961 nuestro país ya había promovido ante el GATT un mecanismo de solución de diferencias, que terminó incorporado a la jurisprudencia económica internacional como el caso "Recurso del Uruguay al artículo XXIII".

EL mismo estuvo dirigido contra quince países (Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Checoslovaquia, los cuatro nórdicos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Suiza y Estados Unidos) y se fundó en la existencia de ventajas que afectaban el intercambio de aquellos con el nuestro, de producción primaria en las regiones templadas, tanto en lo concerniente a sus posibilidades de comercialización, como con respecto a la dificultad de mantener los precios de los productos a un nivel satisfactorio. En su momento fue conocido también como el "Caso Julio Lacarte Muró" —entonces nuestro representante ante el GATT—, contra el resto del mundo. Y lo ganó.

Al margen de haber omitido ese valioso antecedente, el juicio que iba a iniciarse ahora fue proclamado desde círculos oficiales con un tono triunfalista, indicándose que el trámite duraría sólo trece meses y que la demanda sería muy similar a otra que promovió y ya ganó Brasil con respecto al algodón, olvidando, sin embargo, que Brasil fue a la OMC después que fracasaron las negociaciones y no antes. El Canciller llegó incluso a dar por descontado que la OMC emitiría un fallo "inexorable" en favor de Uruguay.

PESE a ello y desafiando esos vientos, el 2 de agosto llegó a Montevideo el subsecretario de Comercio de Estados Unidos; se reunió sólo con los ministros de Ganadería e Industrias y en menos de veinticuatro horas, estimulados por la Asociación de Cultivadores de Arroz —desde donde se pidió al Poder Ejecutivo que cambiara de actitud—, se acordó abrir un espacio de negociación y dejar sin efecto la presentación del reclamo ante la OMC.

Tan positiva fue la reunión, que el Ministro de Ganadería se refirió al visitante como "un hombre muy simpático. Es un crack, lo quisiera tener de amigo"; a él "le firmaría hasta la Guía Telefónica", cerrando sus comentarios con una sabia y sugestiva sentencia: "Un país chico no puede quemar, sin negociar, la vía jurisdiccional". Mucho menos, agregamos nosotros, cuando se trata de nuestro principal cliente, tanto en volumen de compra como en lo que paga por tonelada; a quien en el 2004 le exportamos por U$S 587:743.283 (el 19.8% del total del país) y de donde importamos en el mismo período U$S 222:272.878 (9.02% de las compras).

EL senador Sergio Abreu, por su parte, ya había formulado en el Parlamento una prolija exposición destacando los alcances de la legislación agrícola americana, recogida en la "2002 Farm Bill"; llamando la atención que no alcanza con probar la existencia de susbsidios, sino que debería demostrarse que ellos también dañan a la producción nacional o causan un perjuicio grave a sus intereses y que "incluso ganando, el sector arrocero podía no beneficiarse del resultado", para terminar exhortando a resolver el caso al margen "de cualquier tipo de discurso ideológico". Así parece haber ocurrido.

Con ese propósito, esta semana llegará a Montevideo un representante de Estados Unidos, quien se reunirá con autoridades y productores para buscar mecanismos tendientes a resolver el problema creado por la pérdida de algunos mercados, lo que presumiblemente se logrará en mucho menos de trece meses. Habrá por lo tanto que seguir el tema con atención, manejarlo con inteligencia y tratar de obtener los mejores resultados para los productores y los intereses económicos del país.

El resto del cuento habrá que agregarlo al ya largo anecdotario oficial.