Quienes lucharon y quienes vivieron

EL Presidente de la República pronunció en Pando, en el curso de su oratoria, una frase que encierra un grueso error conceptual: "Seguramente, los avances que en las próximas horas haremos en el terreno de los derechos humanos, callarán más de una boca".

El equívoco no proviene de no comprender qué debe entenderse por tales derechos sino de no percibir cuando éstos son respetados y cuando, por el contrario, son escarnecidos. Una cosa es restablecer la vigencia de derechos humanos inexistentes al presente o en el ayer muy cercano y otra, muy otra, aclarar violaciones antiguas de derechos humanos —no por ello menos vituperables—, ubicar a sus responsables y, de ser posible, someterlos a los jueces. Con esto último, se hará o no justicia, punto que más adelante abordaremos, pero no se adelanta un ápice ni un tranco de pollo en el respeto de los derechos humanos.

En el Uruguay de nuestros días, que en esta materia casi nada difiere del de 1985 y las dos décadas transcurridas desde entonces, hay plena vigencia de casi todos los derechos humanos básicos y fundamentales: del derecho a la vida, del goce de todas las libertades, de la integridad física, del derecho a la privacidad y del derecho de propiedad. Este panorama satisfactorio en casi nada difiere del que vivimos antes de 1968, año en que, gracias a la demencial arremetida terrorista de los tupamaros y otros grupúsculos totalitarios contra nuestro Estado de Derecho y sus instituciones, comenzaron a descaecer las libertades públicas, medidas prontas de seguridad mediante.

ESTA realidad que describimos, a nadie puede sorprender. Es la propia de las sociedades liberales, republicanas y pacíficas, así como de los regímenes democráticos. El Uruguay, salvo hiatos penosos de su historia, es una sociedad de ese carácter y la vocación democrática constituye, quizás, su rasgo más típico.

A partir de aquel convulsionado año de 1968, los derechos humanos comenzaron a verse progresivamente menoscabados en nuestro país. Y, con el golpe de Estado del 27 de junio de 1973 y la instalación de la execrable dictadura, se les asestó un golpe terrible. Quedaron archivados, además de la Constitución, que constituye su principal escudo y garantía, casi todos los derechos de ese carácter, principiando por la libertad de prensa —que es la centinela de todas las libertades, al decir del ilustre constituyente José Ellauri— y sin excluir el mismísimo derecho a la vida.

Hasta el derecho a la igualdad fue conculcado, al punto de que buena parte de los uruguayos fueron clasificados en categorías A, B y C, medida oprobiosa que fue uno de los signos más penosos de aquel tiempo del desprecio, según palabras de Malraux.

Y contra esa realidad lacerante, menoscabante de la dignidad humana, hubo que luchar. Y se luchó. Mejor dicho, algunos lucharon, con sacrificio, con valentía, con honor y arriesgando la libertad —que no pocos perdieron por días, por meses o por años—, respondiendo a un imperativo de conciencia y por amor irrenunciable a la libertad. En esa lucha estuvieron muchos blancos, siguiendo el ejemplo y el sacrificio de Wilson en el exilio. Algunos, como él, murieron. Otros viven, para dar testimonio, si es necesario, de cómo se fue avanzando en ese terreno de recuperar de verdad los derechos humanos. Con denodado esfuerzo, con tesón, retrocediendo un paso hoy para avanzar dos mañana, hasta que todo el arduo camino se recorrió, palmo a palmo y volvió a resplandecer en el Uruguay el sol de la libertad.

Y en esa lucha muchos otros no estuvieron. Tal es la rigurosa verdad. Por ello, al igual que Talleyrand cuando le preguntaron qué había hecho durante la Revolución Francesa y los años del Terror, interrogados que fueren sobre su quehacer durante la dictadura, podrían responder:

—Vivir.

Es lo que hizo el Dr. Vázquez, dedicado por entonces al ejercicio profesional y a su carrera docente, lo que es cierto que no constituye un demérito. Tan cierto como que nada aportó a las largas horas de la durísima faena por la recuperación de los derechos humanos. Y tan cierto, asimismo, como que tampoco aporta nada su gobierno, ahora, en orden a dicha recuperación.

EN primer lugar, por lo ya dicho, que es la razón del artillero: ya fueron restituidos a los uruguayos. Respecto de ese logro histórico, estamos, como en la novela de Dumas, veinte años después. Y en segundo término, porque no es posible, en el presente, vivir el pasado. La espantosa violación de los derechos humanos en Uruguay —y en la Argentina— se produjo allá en 1976, cuando fueron asesinados Michelini, Gutiérrez Ruiz, María Claudia García, Elena Quinteros y no pocos más. Cuando se asesinaba, se torturaba, se violaba y se sepultaba por años, en lóbregas mazmorras, a los opositores políticos.

Lo que entonces se consumó, con saña que cuesta entender, consumado está y no se va a borrar con hallazgos de cadáveres ni con citaciones judiciales de eventuales responsables de aquellas atrocidades. Tampoco con el procesamiento de algún funcionario militar o policial retirado.

En lo que ha logrado avanzar el nuevo gobierno, indudablemente con la cooperación de las máximas jerarquías castrenses —antes, no obtenida— es en el esclarecimiento de algunos de los hechos criminosos, tarea en la que ya había avanzado el presidente Batlle con su Comisión para la Paz. Y, también, en la aceptación de que presten declaración los militares citados por la justicia penal.

LA cuestión, entonces, se desplaza del respeto de los derechos humanos, área en la que es falso que haya habido avances, a la de lograr que, en algún caso, actúen los jueces penales y, si obtienen pruebas respecto de delitos no prescriptos ni comprendidos en la Ley de Caducidad —punto que ahora no abordaremos—, puedan procesar a alguno de los responsables.

Esa cuestión, correctamente situada, entonces, se ubica en el plano de la justicia, como valor inmanente del Derecho. Ahora bien, a casi treinta años de ocurridos los crímenes, ¿se trata de justicia o de venganza? ¿Las penas, en el Derecho Penal, responden al concepto aristotélico de la justicia retributiva o son una medida de defensa social, ante la posibilidad de que el delincuente vuelva a delinquir? ¿La sociedad se cobra la cuenta, a la usanza de la época prehistórica, como en la Ley del Talión?

Concluido el espacio, la interrogante queda planteada, para un próximo artículo.