Los progresos plantean nuevas preguntas

Análisis político por Alfonso Lessa

En una semana en la que el gobierno buscó recuperar la iniciativa a partir del Consejo de Ministros en Pando y en la que el Partido Nacional exhibió la intención de asumir su liderazgo opositor aunque con diferencias internas notorias que conspiran contra esa idea, el hecho determinante volvió a ubicarse en el pasado.

La imagen de la joven Macarena Gelman ingresando al batallón 14 para conocer el lugar donde estaría sepultada su madre, vilmente asesinada hace casi 20 años cuando era muy joven, estremeció a los uruguayos.

Como seguramente impactaron, en muchos sentidos, las declaraciones brindadas por el comandante en jefe del Ejército, teniente general Angel Bertolotti, que parecía conmovido mientras describía lo que se había vivido en ese predio y su encuentro con la propia joven. Una imagen imposible de imaginar muy poco tiempo atrás.

La trascendencia del cuadro que se vivió allí, se completó con la presencia del secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, un protagonista central de todo lo que se está viviendo.

MUCHAS PREGUNTAS. La ubicación precisa de los sitios donde existirían enterramientos clandestinos de desaparecidos muertos durante la última dictadura, veinte años después de recuperada la democracia, implica en cierto modo el final de un camino, pero también plantea muchos interrogantes.

En primer lugar, ¿por qué recién ahora fue posible ubicar esos lugares, incluso con tal precisión? ¿Por qué nadie —ni militares ni gobernantes— hizo o pudo hacer lo mismo antes? ¿Por qué ni siquiera la Comisión para la Paz —cuyo trabajo significó un gran paso adelante— pudo llegar a esto? ¿Por qué ahora se rompió esa especie de pacto de silencio que existía entre militares y policía respecto al pasado? En definitiva ¿por qué se perdió tanto tiempo en un tema que divide a la sociedad y cuya solución sin duda contribuirá a superar enfrentamientos del pasado?

Pero también, cuando se repasa lo ocurrido desde 1985 surgen algunos interrogantes respecto a la propia sociedad, en particular a lo que ocurrió durante parte de la década de los 90, cuando el asunto prácticamente desapareció de la agenda pública y todos los actores, incluida la amplia mayoría de la izquierda, priorizaba otros asuntos.

VOLUNTAD. Algunas temas están quedando en claro: muchas cosas que se negaban, efectivamente ocurrieron. Y aún sobreviven protagonistas que conocen datos precisos sobre lo que se negaba u ocultaba. Como consecuencia, queda claro que no hubo voluntad de destapar antes lo que permanecía oculto.

La duda es si los militares tuvieron hasta ahora la suficiente autonomía, el suficiente espacio de poder como para negarse a informar a los respectivos gobiernos, si desacataron órdenes, o si esas órdenes nunca llegaron.

La distancia entre algunas versiones bastante recientes y la realidad ha sido demasiado grande. El caso paradigmático es, precisamente, el de la nuera del poeta argentino Juan Gelman: en el verano del 2000 se afirmaba desde el gobierno de Sanguinetti que la joven desaparecida ni siquiera había ingresado al Uruguay. Pocos días después, Batlle conmocionaba a las dos orillas del Plata al anunciar que había hallado a la nieta desaparecida: Macarena había sido entregada apenas nacida a un policía uruguayo.

El informe final de la Comisión para la Paz no logró determinar el destino de los desaparecidos e incluso aludió a una versión que no confirmó, acerca de la cremación de todos los cuerpos. Hoy, se sabe oficialmente que existieron enterramientos clandestinos en predios militares.

Muchas de las preguntas planteadas al principio, pueden resumirse en dos: ¿hubo en el pasado voluntad política real para llevar adelante las investigaciones? Y de la mano de ese interrogante, otra tan o más inquietante en una democracia: ¿existió un poder de veto de sectores militares que limitaba los espacios democráticos?

Está claro que el año 2005 no es 1985 y que la ecuación de poder ha cambiado. Es verdad que el teniente general Hugo Medina, uno de los hombres clave de la transición, guardó en la caja fuerte del comando del Ejército las citaciones a militares, luego de haber recorrido cuartel por cuartel del país para explicar el acuerdo del Club Naval y comprometer su palabra acerca de que ningún militar iría preso por haber cumplido órdenes. Y que hizo esa recorrida en medio de una sorda tormenta interna en la que otros militares lo acusaban de traidor —incluso fue amenazado de muerte— por haber pactado el retorno a la democracia.

Y que todos esos fueron factores decisivos en el proceso de aprobación de la ley de Cadu- cidad.

Pero también es cierto que el artículo 4 de la norma jamás se cumplió y que el cambio en la ecuación de poder no ocurrió repentinamente el 1º de marzo de este año. Esto plantea más interrogantes referidos a quienes gobernaron en estas dos décadas y en particular a lo ocurrido durante la investigación ordenada por Sanguinetti a la propia Justicia Militar en relación a los desaparecidos.

EN LA IZQUIERDA. También es cierto, sin embargo, que en la propia izquierda hubo cambios llamativos. En 1997, por ejemplo, fue Rafael Michelini —en ese entonces desde fuera del Frente Amplio— que replanteó con fuerza un asunto que permanecía alejado de los primeros planos.

Michelini realizó una denuncia penal y propuso crear una comisión de la verdad. La denuncia, fue considerada por Gonzalo Fernández como una "utopía jurídica". Y a la idea de la comisión, Tabaré Vázquez respondió que se trataba de "temas complejos" que por tanto "requieren de un tratamiento no frívolo, sino serio y responsable". Vázquez realizó sus apreciaciones luego de una reunión con los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, en el marco de lo que parecía una estrategia política destinada a preparar a la coalición en una cultura de gobierno.

En ese entonces, se escuchaba también de manera casi solitaria la voz del obispo Pablo Galimberti, en actitudes que coincidían con el planteo de Michelini. Algunas reacciones en el propio FA —que empezaron por Astori y la Vertiente Artiguista— determinaron un cambio de postura de Vázquez, que reconoció en la iniciativa de Michelini una comunidad de objetivos con el FA en el cumplimiento del artículo 4 de la ley de Caducidad.

Por otra parte, el camino de diálogo emprendido por el escritor y ex guerrillero Mauricio Rosencoff y el propio Medina para encontrar una solución razonable, no tuvo eco.

Lo cierto es que la propia sociedad tuvo altibajos en este asunto, probablemente como efecto de la ley de Caducidad y frente a otras urgencias del momento.

Hoy, en el gobierno, Vázquez encabeza personalmente una tarea que requiere de delicados equilibrios y que parece destinada al éxito, al menos en algunos de los casos pendientes. Parecen dadas las condiciones para que, en el marco de las normas vigentes, los uruguayos puedan superar una situación dolorosa y traumática que en muchos sentidos significa un ancla en relación al pasado.