Una estafa multimillonaria, cometida contra unos 300 propietarios de inmuebles de escasos recursos, fue realizada por una gestoría de capitales uruguayos y extranjeros que operaba prácticamente en todos los departamentos de Uruguay desde 2002 hasta pocos meses atrás, informaron a El País altas fuentes del Ministerio del Interior.
En avisos en medios locales y nacionales, la gestoría ofrecía préstamos de U$S 1.000 ($ 25 mil) a U$S 10.000, en plazos extensos. A cambio, solicitaba los títulos de propiedad de los clientes.
La mayoría de las personas que solicitaron los préstamos fueron ejecutadas y perdieron todos sus bienes, ya que no pudieron afrontar los intereses usureros aplicados por la empresa.
La operativa de la gestoría, que en realidad funcionaba como una empresa financiera, es investigada por efectivos de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) e Interpol. El caso se encuentra bajo la órbita de la jueza penal de Salto, Beatriz Larrieu.
Las fuentes explicaron que la gestoría obró en forma ilícita, aplicando intereses usureros. También se configura el delito de asociación para delinquir, ya que la empresa utilizó los servicios de abogados y escribanos para cometer los ilícitos.
El Estado uruguayo también podría haber sido perjudicado en la estafa, al padecer una evasión de varios millones de dólares en impuestos. La financiera tributó como una gestoría cuando su actividad comercial era la de una financiera.
Fuentes vinculadas a los deudores explicaron que la investigación policial se realiza por una orden del presidente Tabaré Vázquez, luego que la Coordinadora de Pequeños Deudores en Dólares le entregara el 30 de marzo de este año, documentación detallada de la estafa efectuada por la gestoría.
(Producción: Corresponsal de Salto, Luis Pérez)